Resulta obvio que cuando un barco se hunde los que tienen más probabilidad de ahogarse son los que no saben nadar y que cuando un tsunami alcanza la costa, los que se encuentran en la playa, los que tienen más papeletas de ser barridos por las aguas. Es por ello que la actual situación de hecatombe económica, que ya se reconoce e identifica como crisis, a los que primero se está llevando por delante es a los que se encuentran más desguarnecidos y en situación de mayor fragilidad financiera, que son muchos en este país endeudado e hipotecado.
Esa lógica está conduciendo a que sean muchas las parejas que han fracasado en su relación a que se lo piensen dos veces antes de dar el paso de formalizar su ruptura, conscientes de que esa decisión va a implicar la consecuencia de repartir miseria, ya que si la unidad familiar no llega a final de mes, difícilmente se podrán afrontar los gastos y el fatal resultado de un cese de convivencia. Algunos incluso están dispuestos o dispuestas a cohabitar con cuernos pero compartiendo los escasos recursos de una economía de subsistencia que, al menos, permite sobrevivir.
Mas esa lógica no ha supuesto una reducción de los procedimientos ante los juzgados de familia, pues aun descendiendo los divorcios, se han incrementado notablemente las modificaciones de medidas, ya que son muchos los progenitores o cónyuges que obligados a pagar pensiones alimenticias o compensatorias, tras su despido o considerable merma de ingresos, se ven abocados a no poder seguir pagándolas, por muy buena voluntad que se tuviera para convenir su importe o a la hora de acatar una decisión judicial que tuvo en cuenta unas circunstancias que ya no tienen nada que ver con sus actual precaria realidad. La ruina alcanza y arrastra, pues, a todos en esa coyuntura que es consustancial a la inestable situación de las familias rotas.