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La crisis frena el regreso a sus viviendas de decenas de realojados

Carmen Sánchez, Manuel Camacho, Isabel Torres. Son vecinos de Sevilla, con contratos de renta antigua. Entre 2005 y 2007 se enfrentaron a juicios o a negociaciones porque alguna promotora quiso que abandonasen su hogar. Llegaron a acuerdos. Pero en medio vino la crisis, los concursos de acreedores. Ahora, su futuro vuelve a estar en el aire, o en los tribunales.

el 16 sep 2009 / 02:31 h.

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Carmen Sánchez, Manuel Camacho, Isabel Torres. Son vecinos de Sevilla, con contratos de renta antigua. Entre 2005 y 2007 se enfrentaron a juicios o a negociaciones porque alguna promotora quiso que abandonasen su hogar. Llegaron a acuerdos. Pero en medio vino la crisis, los concursos de acreedores. Ahora, su futuro vuelve a estar en el aire, o en los tribunales.

Alfarería, 49; Betis, 64; Calatrava, 28; Boteros, 4. Cuatro edificios, con decenas de familias. Cuatro reflejos de una prolongación del drama de unos hogares que ya han sufrido un realojo, se han visto en los juzgados, han recorrido los despachos de la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa) y ahora ven como todo el camino realizado se desploma al mismo ritmo que la bolsa. Obras paradas, empresas que no responden -ni siquiera a este periódico que intentó ponerse en contacto con dos de ellas, Restaura y Romero Mejías-, abogados, procuradores y acuerdos que parecen ahora papel mojado.

Otainsa, la oficina dirigida por Ángel Monge y dependiente de IU, describe este fenómeno en su último informe: "Observamos en los últimos meses como algunos propietarios de cierta entidad que se dedican a la rehabilitación de edificios antiguos, están presentando ante el Juzgado de lo Mercantil concursos de acreedores, abandonando paulatinamente el arreglo de los edificios provocando una notable inquietud entre los arrendatarios, cuando no un abandono definitivo de los mismos". Dos abogados lo corroboran con sus propias palabras. "Son promotores que han querido iniciar en muchos casos procesos judiciales contra los inquilinos, y han perdido unos años que ahora son muy valiosos. Les ha cogido la crisis, y ahora dicen que no pueden acabar las obras", explica José Manuel Ramírez Mora. En términos similares se expresa otro letrado, José Ignacio Aguilar: "Es un asunto trágico. Son personas que salieron de sus casas tras procesos muy largos y que, cuando el asunto parecía que iba a resolverse, se han encontrado con ésto".

Es otro rostro amargo del desahucio, que se expresa con distintas formas, aunque responde a un patrón común. Entre finales de los 90 y principios del siglo XXI, en plena fase de expansión inmobiliaria numerosas promotoras y empresarios se lanzaron a adquirir edificios antiguos para rehabilitarlos. En muchos de ellos, residían familias con contratos de renta antigua, de una legislación anterior a la actual, que permitía los contratos indefinidos con mensualidades que ni siquiera se actualizaban. En ese momento, se inició una colisión de intereses que derivaba en negociaciones, procesos judiciales de desahucio o casos de acoso inmobiliario. Algunos de estos conflictos, como los de Carmen, Manuel o Isabel, se cerraron con un pacto por escrito: se rehabilitaría el edificio, y durante las obras los vecinos serían realojados, bien por sus propios medios, bien con un dinero que les debía ingresar la promotora. Cuando concluyesen los trabajos, volverían a sus pisos, y los que estuvieran libres se venderían. Pero esta resolución, que costó años en muchos casos, se ve ahora completamante bloqueada. Varias de las empresas embarcadas en procesos de este tipo han presentado concurso de acreedores y otras simplemente no pueden vender ahora las viviendas. El resultado es otro periodo de incertidumbre.

A Manuel Camacho, quien se crió en Alfarería, 49, le ha expirado ya el acuerdo que alcanzó con la empresa promotora. Tenía derecho a 20 meses de alquiler mientras que se ejecutaban las obras. El tiempo ya ha pasado. Ni pueden volver, ni tienen dinero suficiente para mantener un alquiler por su cuenta. A sólo unos metros vivían desde jóvenes Carmen Sánchez, Antonio Moya y Rosario Rodríguez. En el número 64 de la calle Betis. Su edificio sigue en ruinas. No hay indicios de que comiencen las obras, y ahora la empresa ha iniciado un proceso de desahucio. El motivo: el coste de las obras supera el 50% del valor del inmueble. Tienen ya una citación judicial. Las nueve familias de Calatrava 26-28 están también cada vez más cerca de volver a los juzgados: la promotora, una filial de Restaura, ya ha comunicado a Urbanismo, que suspende las obras de rehabilitación. Los inquilinos están repartidos, con unos ingresos mensuales que temen que finalicen. El caso de Isabel Torres, en la calle Boteros, 4, es distinto. Tuvo que abandonar su casa, y le dieron las llaves, pero las obras han dejado el piso lleno de humedades, de paredes desconchadas y con serios problemas eléctricos y de la red de abastecimiento. Según relata, la empresa atraviesa dificultades económicas. Ella ni siquiera sabe bien a quién tiene que dirigirse.

En estos hogares, los afectados responden a rasgos similares: son personas de avanzada edad, sin apenas recursos, pensionistas, en su mayor parte, habituados a pagar rentas de 20 ó 50 euros al mes, que nunca han afrontado los precios del mercado. Han residido durante toda su vida en un barrio, en un entorno social, que han tenido que abandonar forzados por la situación con la esperanza de regresar a corto plazo. Pero el tiempo pasa. Para las empresas que se han visto inmersas en la crisis. Y para ellos. Tras la reforma de su piso, Isabel no encuentra los enchufes, no llega a la manivela para cerrar la ventana. Manuel tiene 69 años, su mujer tiene problemas de salud, y aguardan en un cuarto sin ascensor en San Juan de Aznalfarache el prometido regreso.

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