Si algo queda claro tras la comparecencia de ayer en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es que aún queda tiempo para vislumbrar algún síntoma de recuperación económica. El presidente reconoció que "aún no hemos tocado fondo", aseguró que el "brusco bloqueo" de la liquidez había "yugulado" la economía y el empleo y solicitó un gran acuerdo político de todos los partidos para abordar las medidas necesarias. Dicho de otro modo, abandonó su tradicional optimismo para dibujar un escenario muy sombrío (de nuevo habló del impulso de medidas internacionales que eviten el colapso del sistema financiero) y para reclamar una especie de Pacto de Estado que se justificaría en la excepcionalidad de la situación. Pocos podrán dudar de la necesidad de ese acuerdo general. Los 3,3 millones de desempleados certifican la crueldad de la destrucción masiva de puestos de trabajo que está sufriendo el mercado laboral y el escaso éxito que, por ahora, están teniendo las decisiones adoptadas, entre ellas el Plan 8.000, para el que habrá esperar hasta abril y mayo para empezar a notar sus beneficios (El Gobierno confía en que genere 400.000 empleos el tiempo que duren las obras). En cualquiera de los casos, hay que seguir buscando soluciones, aunque eso implique, como ocurrió ayer, que la Comisión Europea amenace con expedientar a España por su previsión de endeudamiento para los próximos años. Ayer, por cierto, se tomó otra medida más: Zapatero anunció la reducción de los gastos no financieros en 1.500 millones para destinar ese dinero a la cobertura de los desempleados, una medida plausible pero que no deja de esconder una evidencia de pura lógica: ese dinero no saldrá de la nada, sino que se detraerá de las partidas destinadas a otros ministerios y por tanto implicará, como todos entenderán en una situación como la actual, el recorte de otros proyectos.
