Economía

"La crisis no justifica relajarnos en las normas de competencia"

La directora de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía considera que un marco competitivo facilita la actividad emprendedora y genera empleo.

el 12 jun 2011 / 19:35 h.

Amalia Rodríguez, en la sede de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, ubicada en la sevillana Avenida de la Borbolla.

-Las autoridades de la competencia suelen ser muy celosas con algunos sectores, entre ellos los carburantes y la alimentación, pero no actúan contra las agencias internacionales de calificación del riesgo que están condicionando el interés de la deuda e incluso llevando a la cuasi bancarrota a los países. ¿Por qué?

-No es por falta de valentía. A la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y las autoridades europeas no les tiembla el pulso ante sectores importantes, pero quizás las agencias escapan a su ámbito de actuación. Son los gobiernos y los reguladores financieros los que deberían controlarlas. Como ciudadana, sí, me indigna que no se actúe, pues distorsionan el mercado del crédito y crean perjuicios muy graves a los países.

-Ya hay muchos indignados...

-Parece que la culpa de esta crisis la tenemos los ciudadanos y los gobiernos socialistas. No es así. El origen está en la desregulación excesiva del mercado financiero de las políticas neoliberales, y los ciudadanos y empresas somos los sufridores. Se desinflaron las ganas iniciales que, tras aparecer la crisis, había para controlar los mercados. Reacciones como el 15M surgen por la falta de respuesta de los gobiernos a nivel mundial.

-¿Y no tiembla el pulso? Los agricultores denuncian una permanente persecución que no se da entre las cadenas comerciales.

-No lo creo así. Las normas de la competencia son para todos los sectores y, por tanto, el agrario no está exento de su cumplimiento. Pero, además, hay una sensibilidad especial hacia el campo al tratarse de un sector también especial, por su incidencia en el territorio, el medio ambiente y el abastecimiento alimentario. De hecho, el propio Parlamento Europeo ha instado a la Comisión a estudiar la cadena de valor, pues tiene esa inquietud que usted comenta, el fuerte poder de mercado de la distribución comercial frente al poco poder de mercado de los agricultores. Y esa recomendación se ha hecho extensible a las autoridades nacionales de competencia. Aquí lo estamos haciendo en aceite de oliva, hortalizas, leche, etc. Pero, hoy por hoy, los acuerdos de precios o las retiradas concertadas de producción no están permitidos. La Eurocámara, asimismo, quiere reglas de compatibilidad entre las leyes de competencia y la nueva PAC para que se excepcione de determinadas prácticas al campo.

-Si yo me sumo a una asociación y pago mi cuota, es para que defienda mis intereses. Entonces, ¿por qué se la penaliza al hablar sobre los precios?

-Porque pueden ser infractores de las normas de competencia.

-Entonces, pierde cierto sentido que haya asociaciones...

-No, pero no pueden cometer en nombre de sus asociados una infracción de una norma.

-La crisis económica, ¿incrementa las denuncias?

-Esta agencia se creó en 2008, así que no tenemos referencias anteriores. Pero, con carácter general, sí hay mayor presión para que nos relajemos, y eso sería un error. Tenemos el convencimiento de que así no se sale de la crisis. Un marco económico en competencia facilita el emprendimiento, la innovación, la mejora de la gestión, las tecnologías... En suma, es mayor productividad y competitividad, producir más, con más calidad y precios más bajos, y todo agregado es inversión y creación de empleo.

-Hay quienes ponen en cuestión la existencia de agencias autonómicas de la Competencia.

-En Andalucía está justificada. Nuestra Ley de Competencia fue pionera en promoción y defensa de la competencia. Aunque no tenemos poder ejecutivo, puesto que las leyes son europeas, sí tenemos competencias al acercar las normas y sus ventajas a la sociedad. Se han firmado acuerdos con asociaciones de consumidores, habrá dos cátedras de Competencia en universidades y, a pesar de las reticencias de las cadenas, se ha creado un portal de precios con los índices de los centros comerciales de Andalucía. Pero, además, examinamos las normas económicas autonómicas antes de su aprobación para que haya una buena regulación del mercado y se simplifiquen barreras y trámites, porque a veces dificultan a las empresas y que el mercado sea más competitivo.

"Buscamos beneficios a largo plazo, no a corto"

-Retirar producción agrícola o tirar frutas para evitar una caída de precios, ¿va contra la libre competencia?

-Sí, y no creo que sea la solución más lógica.

-Pues Clara Aguilera, consejera andaluza de Agricultura, montó en cólera cuando el presidente de la CNC, Mariano Berenguer, dijo que entendía que Bruselas no autorizara el almacenamiento privado para el aceite de oliva...

-Entiendo que montara en cólera. En tiempos de crisis, las normas de la competencia molestan mucho, sólo se mira el efecto inmediato, cuando lo que buscan es un bien público general a medio y largo plazo. La historia revela que, en los años treinta, la supresión de esas normas empeoró la Gran Depresión en EEUU, al igual que en los noventa en Japón. Las autoridades de competencia no pueden relajarse en momentos de crisis, pues a corto plazo tendría efectos beneficiosos, aunque a medio y largo desincentivaría la iniciativa emprendedora, efectos adversos. Mientras no exista una norma que excepcione claramente al campo de algunas normas, éste tendrá que cumplirlas. En la CNC se va a crear un grupo de trabajo al respecto, y yo llevaré las reivindicaciones andaluzas.

-El Banco de España señaló hace unas semanas que los precios de la vivienda seguirán a la baja. ¿Eso es una indicación al mercado?

-No, es una información dada al mercado por una entidad con un carácter general, no recomienda nada.

-¿El hecho de ser andaluza implica que la agencia tiene una especial vigilancia sobre los sectores andaluces?

-No. Se da sobre todos los sectores que operan en el mercado andaluz.

-¿La investigación de los expedientes no se eterniza?

-La legislación establece 18 meses, es un plazo razonable porque la investigación tiene que tener todas las garantías.

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