Hay pocos ejemplos más ilustrativos de cómo afecta la crisis bancaria en la economía real que el análisis del día a día en los juzgados de lo mercantil de este país. En el caso de Sevilla, los datos certifican la gravedad de la situación. Tan sólo en este mes de octubre han entrado 18 solicitudes de concurso de acreedores (las antiguas suspensiones de pagos), cifra que asciende a 92 si se cuenta desde el inicio de 2008 y que es cuatro veces mayor a la que se computó en todo 2007. La mayoría de las firmas implicadas en estos procedimientos provienen del sector de la construcción (sólo una de ellas, Contsa, puede terminar por colapsar el juzgado) y todas ellas se están topando con un problema añadido: las vistas de resolución de las incidencias de los informes concursales se están fijando para dentro de 14 y 15 meses, a pesar de que la ley establece un plazo máximo de señalamiento de diez días desde que se presenta la petición. Como ocurre en otros órganos judiciales, la saturación del Juzgado de lo Mercantil es un hecho, y se traduce en un retraso inasumible para empresas que no son capaces ni de soportar sus pagos más inmediatos y que se ven abocadas a sobrevivir en la incertidumbre. La Junta ha anunciado que en este próximo 2009 se dotará a Sevilla de un segundo tribunal mercantil que paliará los retrasos, pero la realidad parece ir por delante de las previsiones de la Consejería de Justicia, por lo que tal vez convendría aplicar criterios de prioridad y de urgencia en la habilitación de este segundo juzgado. Desde su creación en 2004, el tribunal ha atendido alrededor de 160 solicitudes de concurso de acreedores y sólo en uno de los casos (el de Fundiciones Caetano) la empresa ha salido adelante. Si la saturación persiste, el Juzgado de lo Mercantil seguirá dando muestras de ser poco más que un organismo que se limita a certificar la defunción de las empresas, pero para nada ayudará a sostenerlas.
