La crisis ha multiplicado este año por tres los casos de inquilinos que dejan de pagar al propietario. Los dueños de los pisos temen arrendarlos y esto provoca que haya una gran cantidad de viviendas vacías en Andalucía. Hay una fórmula barata y sencilla para eliminar riesgos a la hora de alquilar una casa: someterse al arbitraje de un organismo independiente en la mediación de conflictos. Esta opción está ganando terreno a los tribunales a la hora de resolver los casos de impagos, que se han disparado por la recesión económica. Se ahorra tiempo y dinero y, de paso, sirve para aliviar el colapso judicial.
Ya hay 72.605 andaluces que han blindado sus contratos de alquiler a través de la Corte de Arbitraje, un organismo oficial e independiente en la mediación de conflictos. Se compromete a emitir una sentencia firme, generalmente de desahucio, en un tiempo máximo de 30 días desde que se produce el impago por parte del inquilino. Si no se cumple ese plazo, la institución adelanta la indemnización al propietario. Asegurar un contrato de arrendamiento con esta fórmula cuesta 58 euros.
La Corte empezó a enjuiciar los casos de impagos en 1999 y desde entonces, según sus cálculos, los conflictos derivados del alquiler que llegan a los tribunales han bajado un 11%. Lo que ha subido significativamente como consecuencia de la crisis es la morosidad. Desde 1999 hasta 2008, la Corte de Arbitraje emitió 3.000 laudos en Andalucía -que tiene la misma fuerza y validez que la sentencia de un juez-, prácticamente todos por impagos. Sólo en 2009 dictó 2.372 y en lo que va de año ya lleva 1.146 sentencias en la comunidad.
Acogerse a esta fórmula tiene varias ventajas. La primera es el tiempo. Normalmente, los procedimientos por impagos se demoran de media unos nueve meses en los tribunales y con la mediación de conflictos se reduce el plazo y el coste -las arcas públicas se ahorran 3.000 euros por caso-. Además, es barato porque no intervienen abogados o procuradores -sólo los letrados de la Corte- y asegura la recuperación rápida de la vivienda, algo que ni el aval ni el seguro, mucho más costosos, pueden garantizar.Casi mil inmobiliarias en Andalucía ofrecen ya este producto, que deben firmar, adjunto al contrato, el propietario y el inquilino. Estos últimos también ven protegidos sus derechos, aunque mayoritariamente los afectados suelen ser los dueños de los pisos.
El procedimiento es rápido. Cuando el arrendador denuncia que llevan dos meses sin pagarle la cuota de la casa -lo que marca la ley para empezar a actuar-, la reclamación pasa al departamento comercial de la Corte de Arbitraje, que primero comprueba que la queja es cierta. Luego se pone en contacto con el demandado, al que le da la oportunidad de aportar sus pruebas. Una vez recopilados todos los datos, se asigna un árbitro -todos son abogados en ejercicio y colegiados-. En 30 días tiene que estar dictada la sentencia. Si no se produce el fallo a tiempo es cuando la institución adelanta la indemnización al perjudicado. Tal es la fuerza jurídica del laudo que un magistrado no puede volver a juzgar un caso ya resuelto por la Corte de Arbitraje. La sentencia es firme, no recurrible y de obligado cumplimiento.
perfil del moroso. Desde este organismo, su secretario general, Mario Navarro-Rubio, afirma que el perfil de persona que no paga su alquiler también ha cambiado con la crisis. "Hemos pasado de juzgar casos de auténticos profesionales del impago a iniciar procedimientos contra inquilinos que no pueden pagar la cuota del piso porque se han quedado sin trabajo", explica. En Andalucía los parados ya han superado el millón. Ahora los morosos inmobiliarios son personas que quieren hacer frente al alquiler pero que no pueden. En estas situaciones, cuando el arrendatario recibe la sentencia arbitral, la mayoría la acata y deja la vivienda.
