El II Plan de Inmigración acaba en 2009. Ya debería haberle llegado el relevo, el III Plan, pero por ahora no se saben ni sus ejes de actuación. Por eso, el Defensor y las ONG temen que haya que aprobarlo con un notable retraso, estirando los fondos de un año a otro. La contención del presupuesto para 2010 y el traslado de las competencias a Empleo están detrás de la demora.
Todas las consejerías de la Junta andan haciendo cuentas, tratando de recortar de aquí y de allá para cuadrar un presupuesto en el que sólo hay tres prioridades intocables: educación, sanidad y políticas sociales. A los demás les tocará meter la tijera. En ese estado de duda en el que cada departamento desconoce cuánto podrá tener y hasta dónde le llegará el dinero, se enmarca el retraso del III Plan de Inmigración de Andalucía, con vigencia entre 2009 y 2012.
Comenzó a prepararlo la Consejería de Gobernación pero la pasada primavera, con el rediseño del Gobierno andaluz que provocó el ascenso del presidente Griñán, las competencias pasaron a Empleo. Traslado de técnicos, nueva agenda de reuniones y, sobre todo, una actualidad aplastante -el paro- que mantiene la inmigración fuera de las prioridades han dejado el documento en segundo plano.
Según explican José Miguel Morales, secretario general de organización de Andalucía Acoge, y Rafael Lara, presidente en Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, antes del verano mantuvieron una reunión con el consejero de Empleo, Antonio Fernández, en la que les prometió que "a la vuelta del verano" convocaría el Foro Andaluz de la Inmigración para analizar el texto aún en gestación. A día de hoy no hay entrevista fijada y las ONG temen que, "si el borrador no se conoce ya, llegaremos a final de año sin poder afrontar su estudio y su debate, cuando ya estamos agotando el plan vigente", denuncia Morales. Desde Atime (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España) su presidente, Kamal Ramouhni, puntualiza que la interlocución con el consejero "es buena", pero que "no se avanza" y sólo les prometen "que el texto va a ser continuista respecto al II Plan".
El proyecto, dirigido a favorecer la integración social, laboral y personal de los inmigrantes -624.000 empadronados, sobre el 8% de la población de la comunidad según el Instituto Nacional de Estadística- está "muy avanzado" y la pretensión es tenerlo para este otoño, informan fuentes de Empleo, que no detallan cuáles serán sus propuestas estrella.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, constata que la Junta le ha informado de que el documento "no se ha metido en un cajón", pero le pide a la consejería que "acelere el paso ya, porque si no habrá que prorrogar el plan actual, que ya no admite más tirones porque se ha gastado todo". Dicho plan, vigente desde 2006, se aprobó con un año y medio de retraso sobre el I Plan, lo que obligó a prorrogar los fondos. Contaba con 1.177 millones de presupuesto, con la educación (795 millones) y la sanidad (150) como puntales. "No ha sido un mal plan -prosigue Chamizo- y entiendo que ahora estamos en un contexto de crisis, pero no por eso la Junta debe olvidarse de la justicia social que se viene aplicando. El presupuesto, aunque tirite, no puede obviar esas políticas", reclama el Defensor.
Chamizo y las ONG "comprenden" que en momentos de crisis sea "impopular" promover el empleo entre extranjeros y que hay que llegar a un "equilibrio", teniendo en cuenta las altas tasas de paro nacional, pero insisten en que el plan "no consiste en emplear a inmigrantes y ya" sino en buscar "la igualdad de trato en las aulas, el aprendizaje de un idioma, la mejora en la formación, el justo trato médico y, sobre todo, la convivencia sin racismo ni xenofobia con su entorno más cercano". Por eso exigen al Gobierno andaluz que sea "valiente", que "entierre los miedos sobre el inmigrante" y que "mantenga el compromiso con el colectivo, más allá de la coyuntura de crisis.
Chamizo añade una pega más: la aprobación de la nueva Ley de Extranjería que prepara el Gobierno central y que, entre otras medidas, amplía los plazos de internamiento de los inmigrantes sin papeles y complica la reagrupación familiar. "La norma va a ser restrictiva y espero que la Junta no esté esperando su aprobación para dar luz verde al plan en función de lo que decida Madrid. Como sea así, pueden peligrar algunos derechos", avisa.
