La corrupción de políticos y funcionarios se ha estancado en España después de cinco años de incrementos debido a la crisis económica, que ha hecho estallar la burbuja inmobiliaria y ha hundido las inversiones en el sector, que además ha sido objeto de numerosas investigaciones.
En cambio, en el resto del mundo la recesión económica es la responsable del avance de la corrupción y casi tres de cada cuatro países suspenden este año el Índice de Percepción de Corrupción de la ONG Transparencia Internacional (TI), publicado ayer en Berlín, y que sirve para medir el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países.
En el acto de presentación del informe en España, el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, sostuvo que el país mantuvo este año la misma nota que en el ejercicio 2009 (6,1 puntos) debido a que la crisis ha hecho que exista "menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario".
El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria también explicó que en los últimos años "se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística", especialmente en el sector público local. "Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes (para iniciar actuaciones urbanísticas), había discrecionalidad, pocos controles y mucho dinero, lo que hacía de esas circunstancias un cóctel explosivo", aseguró Villoria, que añadió que la corrupción ha mermado por la falta de liquidez, el aumento de la supervisión y la menor capacidad de los alcaldes españoles para aprobar convenios por sí solos.
Un "instrumento de disuasión" han sido las cerca de 750 investigaciones abiertas sobre casos de corrupción, que implican a cerca de 1.000 políticos. Los casos más recientes afectan especialmente al levante español con los casos Pretoria, que implica al ex alcalde de Santa Coloma (Barcelona) y a altos cargos de CiU de la etapa del ex president Jordi Pujol en el blanqueo de capitales; Brugal, donde se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el PP en Alicante; o Umbra, donde la investigación se centra en el dinero que cobró el Ayuntamiento de Murcia como compensación por recalificar los terrenos de la zona cercana al estadio de fútbol La Condomina.
Gracias a estos factores, España ha podido mantener su calificación este año y colocarse en el puesto 30 de los países menos corruptos del mundo, frente al puesto 23 que llegó a ostentar en 2004, cuando obtuvo una nota de 7,1 puntos, que no ha parado de descender desde entonces.
Transparencia Internacional, que recientemente publicó un informe sobre la corrupción en los más de 8.000 municipios españoles, ultima un estudio sobre los desmanes en las comunidades.
A nivel mundial, la crisis económica ha alterado este año sustancialmente el ranking que elabora la organización, debido a que el rescate de entidades financieras afectadas por los activos tóxicos ha aumentado la percepción de corrupción en muchos países. No obstante, Dinamarca sigue liderando el listado de países menos corruptos, con una nota de 9,3, la misma que Nueva Zelanda y Singapur.
Los peores resultados se dan en los países más pobres y los que sufren guerras permanentes, así como en aquellos con regímenes no democráticos y donde prevalece la falta de transparencia, explicó Jesús Lizcano, que destacó que sólo 47 de los 178 países analizados aprueban en lucha contra la corrupción.
"La democracia es un sistema imperfecto, pero es el mejor que conocemos. En cualquier caso, esta clase de países tienen que hacer un profundo esfuerzo en la mejora de la calidad democrática", sostuvo el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambas, que añadió que España necesita mejorar sobre todo la justicia, donde cuenta con "una nota desastrosa".
A su juicio, el puesto obtenido por España no puede consolar porque es la duodécima economía a nivel mundial y la corrupción es una lacra que "genera pobreza y un daño social", y desalienta las inversiones.
