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La crisis y los desahucios se cobran la segunda víctima en menos de un mes

Un hombre de 54 años que iba a ser desahuciado en Granada se ahorca en su vivienda y enciende todas las alarmas de la clase política

el 26 oct 2012 / 17:07 h.

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Los vecinos del hombre que iba a ser desahuciado en Granada dejan velas ante su puerta.

El suicidio, ayer, de un hombre de 54 años que iba a ser desahuciado una hora después en un barrio de Granada se conoció casi al mismo tiempo que arrancaba el Pleno en el Parlamento. La clase política se enfrenta al exponente más crudo de la crisis: en las últimas dos semanas, dos andaluces se han quitado la vida tras rebasar el límite de sus posibilidades. El caso de José Miguel, el hombre de 54 años que apareció ahorcado ayer en su casa de La Chana, visibiliza de forma descarnada uno de los problemas más graves que padece la comunidad autónoma: Andalucía es la segunda región con la tasa de desahucios más alta (7.984 en el primer semestre de 2012). A principios de mes, en Sevilla, un guardia de seguridad de 53 años, casado y con dos hijos, se colgó de un árbol. Su empresa llevaba siete meses sin pagarle las nóminas.

El desempleo, que afecta a más de un millón de andaluces (el 33,9% de la población activa) y el impago de hipotecas son las dos causas fundamentales que se asocian con el incremento de los suicidios en personas menores de 65 años. Es un dato oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la consejera María Jesús Montero sacó a colación hace sólo siete días, tras anunciar que la crisis y el pesimismo de los andaluces habían disparado el número de consultas por casos de depresión y ansiedad. Montero se quejó entonces de que España no registre los suicidios asociados a problemas económicos, algo que ya han empezado a hacer países como Grecia y Portugal.

José Miguel vivía solo, no tenía hijos y era el dueño de una papelería que vendía prensa en el conocido barrio de La Chana. Su hermano, que regenta una frutería contigua a la papelería, le encontró ayer a las 9.00 de la mañana ahorcado en el patio interior de su inmueble. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional acudió, primero, tras recibir la llamada del familiar. Una hora después se personaron en el mismo lugar agentes de la unidad de Prevención y Reacción, que tenían el encargo de ejecutar una orden judicial de desahucio contra José Miguel. La víctima arrastraba una deuda pendiente de pago por la compra de un local y una vivienda. En 2007 el banco le había concedido un préstamo de 240.000 euros. Dos años después comenzó el proceso judicial para acometer el desahucio, cuya ejecución estaba prevista para ayer.

Protesta ciudadana. El dueño de la papelería era muy conocido en el barrio, pero nunca pidió ayuda a la asociación Stop Desahucios, una entidad ciudadana que surgió al amparo del movimiento de protesta 15M, y que en la actualidad tramita más de 60 casos de desahucios en Granada. El colectivo convocó ayer una concentración en la calle Arzobispo Guerrero, donde tuvo lugar el suceso, para condenar la muerte de José Miguel. Numerosos vecinos se apostaron ante la puerta cerrada de la papelería y encendieron velas en su recuerdo. En las redes sociales, como Twitter, se desencadenó una riada de mensajes contra los desahucios, bajo la etiqueta #todossomosJoseMiguel. La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, expresó en nombre de su partido el "pesar e indignación" por lo ocurrido. "Todos tenemos la obligación de evitar este tipo de tragedias", dijo, espera que el Gobierno del PP apoye la propuesta presentada en el Congreso por el grupo socialista para evitar los desahucios y frenar este drama propiciado por la irresponsabilidad del poder financiero.

La Junta defiende la dación en pago, pero no tiene competencias legales para obligar a los bancos a aceptar la propiedad de un inquilino como pago único de una deuda a la que no puede hacer frente. Cuando una entidad bancaria se queda con la vivienda de una persona con dificultades económicas, además legalmente puede seguir reclamándole la deuda contraída por la hipoteca, junto con los intereses.

El pulso de la Junta a los bancos

El Gobierno andaluz no tiene competencias legales para instaurar la dación en pago, pero uno de los empeños principales de la consejera de Fomento, Elena Cortés, es frenar los desahucios en Andalucía, donde hubo 68.000 desalojos entre 2007 y 2011. Así, está prevista la modificación de la ley de vivienda para incluir sanciones contra los bancos que no devuelvan a los registros municipales de demandantes las viviendas protegidas de las que obtienen titularidad tras ser embargadas, como estipula la ley.

Cortés envió a principios de verano una carta a 19 entidades bancarias con sede en Andalucía para recordarles que “los inmuebles protegidos que han sido adjudicados a un banco por impago de una hipoteca deben ser ofrecidos a los registros públicos en el plazo de tres meses”. Ésta es una de las vías principales de trabajo de Fomento, junto con las ocho oficinas que se han abierto en las provincias para asesorar a los afectados de un desahucio y mediar con los bancos.

El problema es que el 90% de los desalojos se producen en viviendas de renta libre. La consejera obtuvo hace una semana el compromiso de Unicaja para minimizar el drama social de los desalojos. Su propósito es que los bancos, antes que desahuciar a los inquilinos, cedan los pisos mediante un alquiler social con cuotas mensuales bajas. Con esta idea, la consejera ha pedido reuniones por carta con las 19 entidades bancarias.
Cortés también escribió al ministro de Economía, Luis de Guindos, para pedirle que “el Gobierno exigiera a los bancos que quieran acceder a los fondos de recapitalización que paralicen los desahucios”.

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