Pilar Domínguez, la responsable de Urbanismo de Tomares, negó ayer ante la juez que investiga las contrataciones del Ayuntamiento con el actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, cualquier relación con los contratos. Según la concejal del PP, un jefe de servicio que era el que se encargaba de tratar directamente con Campos y de comprobar los trabajos, añadiendo que ella sólo seguía sus indicaciones. El funcionario, según fuentes del caso, falleció en 2012. 
Domínguez, que es la cuarta imputada en este caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, explicó a la magistrada que ella pagó las facturas tras el informe a favor del jefe de servicio encargado. Este funcionario era el encargado de tratar directamente con Campos y dar el visto buenos a sus trabajos, según fuentes del caso, por lo que ella no tenía trato con el actual edil de Medio Ambiente. Su labor se limitó a firmar las órdenes de pago, junto con el interventor municipal, porque la prestación del servicio venía avalada por dicho funcionario, que falleció en 2012, según explicó en su declaración. Asimismo, ante la magistrada explicó que ella no intervino en las contrataciones a Campos, que estaban relacionadas con las obras que se llevaron a cabo en Tomares del llamado Plan E desarrollado por el anterior Gobierno central.
Junto a Domínguez, la jueza ya había imputado en la causa a otras tres personas entre las que se encuentra el propio Campos, que en la actualidad es concejal de Medio Ambiente; Eloy Carmona, portavoz municipal, concejal de Presidencia y numero dos del PP sevillano; Mercedes Fuentes, ahora responsable de Cultura y antes concejal de Medio Ambiente; y Alfonso Barrios, interventor municipal.
La investigación se abrió después de que las fuerzas de oposición en el Consistorio tomareño elevasen el asunto a la Fiscalía que, tras abrir diligencias y comprobar la existencia de indicios de delito, denunció los hechos ante el juzgado en la que solicitaba la imputación de los tres primeros imputados. En concreto, el Ministerio Público denunció en noviembre del 2013 delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en los contratos para supervisar obras municipales que el Ayuntamiento hizo durante el anterior mandato municipal a Campos y por los que el concejal cobró 2.000 euros al mes entre el 2007 y el 2009.
Dichos informes, que en ocasiones se limitaban a una frase o se remitían a textos anteriores, fueron presuntamente encargados a Campos después de que no consiguiera salir elegido en la lista municipal del PP. Los contratos fueron suscritos por el alcalde, José Luis Sanz en el 2007 para «consultoría y asistencia» por 975 euros fijos al mensuales y 150 euros por cada informe «de especial complejidad». La jueza también tomó declaración, como testigo, a una responsable de la empresa Guerra 21, que dio de alta a Campos tras dejar de trabajar para el Consistorio y que ejecutó varios trabajos para Tomares.
