P. Jiménez / Agencias
Nuevo golpe a la corrupción urbanística en la Costa del Sol. La Operación Astapa se saldó ayer con 25 detenidos, entre ellos el alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, tres miembros del equipo de gobierno y otro edil, además de cargos de confianza, técnicos y empresarios. El PSOE anunció la expulsión de sus ediles.
La macrooperación, que continúa abierta según fuentes policiales, comenzó a primera hora de la mañana de ayer en Estepona, aunque hubo registros y detenciones en Córdoba, Madrid, Bilbao y San Sebastián. En el dispositivo participaron más de 200 policías que practicaron 38 registros domiciliarios, societarios y en las oficinas del gobierno local de Urbanismo y Hacienda.
Pocos minutos después de las nueve de la mañana, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estaban registrando las dependencias municipales. Con ellos se encontraba el regidor socialista, que presenció las actuaciones de los investigadores. Barrientos fue trasladado posteriormente a su domicilio, donde los agentes continuaron las investigaciones durante más de cinco horas. De allí salieron con numerosa documentación, una imagen que se reprodujo en los distintos escenarios de la operación. Sobre las dos de la tarde, el regidor abandonó su casa detenido en medio de un importante despliegue policial, nuevamente camino al ayuntamiento.
La operación fue coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona -que anoche empezó a tomar declaración a los detenidos- y la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas habrían contado con la colaboración de dos personas conocedoras de gran parte de la estructura delictiva desarticulada al ocupar "puesto claves", según fuentes de la investigación, que comenzó en el año 2006. De fondo, supuestas irregularidades urbanísticas cometidas a través de licencias, convenios, recalificaciones y aprovechamientos urbanísticos.
Además del alcalde, fueron arrestados los concejales del equipo de gobierno encargados de Hacienda, Francisco Zamorano; de Educación, María Victoria López, y de Playas, Marisa Rodríguez Pino. Cayeron también técnicos, entre ellos el arquitecto Arturo Cebrián -que estaba siendo investigado por el ayuntamiento porque unas escuchas telefónicas le vincularon con un caso de blanqueo de capitales- y el jefe de gabinete, José Flores. Del entorno municipal hay que sumar a la lista a un concejal del Partido Estepona (PES), el ex gilista Manuel Reina. Aunque ya no forma parte del gobierno local, el PES fue socio de Barrientos en el anterior mandato.
Promotor cordobés. En Córdoba, el promotor José Romero fue detenido por la Policía y trasladado a Málaga. Romero -presidente de la firma Prasa y el máximo accionista del Córdoba CF- estaba anoche a la espera de pasar a disposición judicial. El grupo Prasa hizo público un comunicado en el que afirmaba que José Romero "fue llamado a ampliar información sobre la actividad inmobiliaria en Estepona".
Las actuaciones urbanísticas de Prasa en Estepona ya fueron objeto de polémica cuando se ordenó la demolición de la obra de un hotel que estaba paralizada desde 2003 porque superaba los límites de edificabilidad e invadía una zona de dominio público en el paseo marítimo de la localidad. El hotel fue fruto del acuerdo entre el alcalde de Estepona y la empresa cordobesa.
El resumen de la operación policial que ofreció el Ministerio del Interior da cuenta de la magnitud de la misma. Además de los 38 registros, se ordenó en un sólo día el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas.
Entre las órdenes de detención libradas por la Fiscalía Anticorrupción constan los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencia y blanqueo de capitales. Hoy se conocerá la decisión que toma la juez sobre los arrestados.
