Lo denunciado por Rivera en la séptima jornada del juicio de Malaya no es nuevo. Otros letrados han criticado el uso de las detenciones para obtener confesiones, pero el abogado se explayó en este punto porque Revilla fue una de las que peor lo pasó en los calabozos. "Ella tiene la tranquilidad de saberse inocente, pero a la vez está indignada y triste por los métodos usados para obtener la declaración", indicó.
Revilla, según su letrado, no "era consciente" de lo que suponía comparecer ante el primer instructor del caso: fue incomunicada en la Comisaría, encerrada tras una puerta metálica, en la oscuridad y debía hacer sus necesidades ante un policía. Una vez en los calabozos del juzgado, "se le indicó que si colaboraba evitaría males mayores". "Sólo quería ir a cenar junto a sus hijos y su madre de 80 años. En esos momentos hubiera declarado que el PGOU lo hacía ella y que cobraba por todo con tal de salir", dijo.
Poco después, ironizó sobre el hecho de que el magistrado dispuso su libertad porque había colaborado con la justicia pero fue bajada otra vez a las celdas. "Alguien debió de acordarse de San Mateo y decidieron que debía ir a dar la buena nueva, asustada pero contenta a la vez, de que si dices a todo que sí no ingresas en prisión", acusó el abogado. El mismo ex alcalde en funciones Tomás Reñones, detenido también en junio de 2006, admitió que lo que le dijo Revilla hizo que cambiase su testimonio, aunque, tras recapacitar, se echó atrás.
El abogado también se quejó de la forma en la que se efectuó el registro del domicilio de Revilla, de donde la policía se llevó un documento en el que relataba cómo se gestó la moción de censura. Denunció que se la cadena de custodia policial se habría roto: "No sabemos de dónde viene ese documento, de dónde ha salido. Toda prueba documental hallada en el registro debe ser expulsada del procedimiento", pidió, lo que tendrá que rebatir el fiscal Anticorrupción.
No fue el único abogado que arremetió contra los registros domiciliarios. En el de la casa malagueña de Isabel García Marcos, ex teniente de alcalde de Marbella, la Policía localizó más de 360.000 euros en metálico cuya procedencia justificó la edil socialista diciendo que provenían de la herencia de su padre y de regalos de su reciente boda. Asimismo, los agentes localizaron una hoja manuscrita en la que constaban anotadas diversas cuantías. Por ello, su abogado José Luis Rueda, pidió la nulidad del registro y de la intervención telefónica a la que fue sometida.
"La diligencia de intervención telefónica no puede ser el inicio de la investigación", recalcó, al tiempo que recordó que en el auto sólo se hacían afirmaciones genéricas sobre que "Juan Antonio Roca controlaba el Ayuntamiento". Según el letrado, ese auto, en su concepción, no está motivado y por tanto las escuchas son nulas desde el principio, al igual que ocurre con la decisión que habilita la intervención domiciliaria. "Si el registro y las conversaciones son ilícitas, las declaraciones de mi defendida también deben ser anuladas", apuntó el jurista.
Igualmente duros se mostraron otros letrados, como el de Vicente Manciles, ex edil de Obras. "En el juzgado se produjo un estado de excepción procesal y constitucional", señaló Rafael López, quien pidió como sus colegas la nulidad de escuchas y registros.
