Tras cuatro años, el caso de las supuestas facturas falsas de Macarena afronta su recta final en los tribunales. La Fiscalía mantiene sus acusaciones: malversación de fondos y falsedad documental. La defensa alega que se trata, en todo caso, de errores administrativos. Ayer declaró el empresario: afirmó que todas las obras se hicieron.
Esta es la base de los alegatos realizados por los abogados de los tres acusados: el ex director del distrito, José Marín -defendido por José María del Nido-; el empresario José Pardo -con Javier Prados como letrado- y el colaborador del distrito, Manuel Portela -defendido por Rosa María García-: las 28 obras menores en las que las que se basa la Fiscalía y la acusación particular del PA para imputar delitos de falsedad y malversación se hicieron. Si algunos de los peritos no lo han corroborado es bien porque ha pasado mucho tiempo -cinco años- y se ha construido encima; bien porque los informes no han sido los adecuados. Sólo hay dos obras que todos admiten que no se ejecutaron pero se cobraron: las demoliciones de módulos en Las Almenas y San Diego. Para la acusación es el caso más flagrante. Para la defensa, un episodio prácticamente anecdótico: los trabajadores acudieron al punto contratado, pero se encontraron con un rechazo vecinal que les obligó a frenar la actuación. Pero el gasto en materiales y en personal se realizó y de ahí que se efectuaran los pagos: 4.796 euros en total.
Según el alegato de la Fiscalía -representada por Antonio Ocaña- hay 28 obras menores en las que se llevaron a cabo procedimientos ilegales y se cometieron delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Su construcción de los hechos, defendida ayer ante el jurado, gira en torno a tres ejes. En primer lugar, Pardo actuaba en nombre de la empresa Contratas y Obras de Sevilla (COS) sin la autorización de sus socios, de forma que -siempre según el Ministerio Fiscal- hacía unos impresos falsificados y cobraba los cheques que ingresaba el Ayuntamiento, que estaban a su nombre. En segundo lugar, por afinidad política -no se alude a ninguna otra causa ni se demuestra un enriquecimiento ilícito-, José Marín concedía las obras a la empresa de Pardo y le abonaba las cuantías solicitadas pese a que no se habían hecho. Por último, Manuel Portela era el mediador. Se trazaban así tres tipos de procesos: facturas duplicadas, facturas por obras no ejecutadas y facturas por proyectos no concluidos. Conclusión: pena de cinco años y tres meses para José Marín -el propio fiscal la rebajó ayer un año al asumir que una parte eran irregularidades administrativas y no delito-; cuatro años y tres meses para José Pardo; y un año y cinco meses para Manuel Portela.
Los tres acusados escenificaron ayer sus respectivas defensas. La base de todas ellas la expresó el letrado José María del Nido: "Respecto a la malversación de caudales públicos tiene que haber intencionalidad o dolo, pero en este caso no lo hay. Sobre la falsedad documental, hay que tener en cuenta que sólo se debe acudir a la vía penal cuando no se pueda resolver por la vía administrativa y en estos casos no son de la vía penal. Hay otras formas de reparar lo que se haya podido hacer mal".
Las tres defensas llevaban una estrategia coordinada con una estructura coherente con dos partes: la empresa que cobraba por las obras y el distrito que pagaba por ellas. Ayer, el caso se centró en el primero de estos ejes, dado que el primero en declararar fue José Pardo. En primer lugar, según subrayó su letrado y él mismo, él actuaba en nombre de la empresa. Así lo corrobora un documento firmado por el consejo de la sociedad en enero de 2005 que dio lugar a la disolución de la empresa. En segundo lugar, la sociedad estaba en marcha en 2002 y 2003 cuando se ejecutaron las obras, y así lo confirma una sentencia de 2004 que condenaba al Ayuntamiento y a la propia empresa a indemnizar a sus trabajadores por no darles de alta.
A partir de ahí, José Pardo era el responsable de todos los trámites relacionados con los expedientes de obras. Acudía periódicamente a la oficina del distrito a presentar sus ofertas para cualquier proyecto de obra menor que salía. Esta relación, según este relato, se estableció antes de la llegada de José Marín y José Antonio García a Macarena. Se hacía cargo de muchas de las obras menores. Y cuando éstas superaban un límite -a partir del cual hay que convocar un concurso público- se fragmentaban en dos y se adjudicaban a dedo -una práctica que el Consistorio obligó a eliminar de los distritos tras este caso-. El pago se efectuaba, según este relato, por dos vías: bien por transferencias bien con cheques que en muchos casos llevaban el nombre de José Pardo. Este elemento prueba para la Fiscalía que actuaba de forma independiente, aunque tiene otra explicación para el empresario: "Hice esa petición al distrito, porque teníamos problemas con el banco y si se hacía una transferencia se podían quedar con el dinero que necesitábamos para pagar a los empleados. Me propusieron esa fórmula, incluir mi nombre y que yo cobrase el cheque".
Así ocurrió también en las dos obras que todos admiten que no se ejecutaron. El dinero se empleó en pagar materiales y trabajadores -el albero se reutilizó según esta versión en un campo de fútbol de San Jerónimo-. No sobró, sino todo lo contrario. Los ex dirigentes de la empresa COS aseguran que el Ayuntamiento mantiene una deuda con la sociedad de más de 70.000 euros. Las obras se abonaban, según esta argumentación, dos años después de ejecutadas.
Hoy arranca el segundo pilar de la defensa: la gestión del distrito Macarena a través de su director José Marín. Del Nido esbozó ayer su estrategia: dividir las facturas o abonar la cuantía de dos obras que se suspendieron sin justificarlo plenamente pueden ser "errores administrativos", pero no delitos que deriven en penas de cárcel.
