Como ya venía ocurriendo, a los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social con los que tradicionalmente venía trabajando Cáritas, se han unido nuevos perfiles de familias normalizadas y entre ellos en el último año han llamado a su puerta "padres de familia, mayores de 45 años, que siempre han trabajado pero que se quedaron en paro, ya han agotado sus prestaciones y además ahora se tienen que reciclar, por lo que para ellos es especialmente difícil volver al mercado laboral", destaca la secretaria general de Cáritas en Andalucía, Auxiliadora González. Por ello, aboga por "poner en marcha políticas de empleo para estos colectivos".
"Caos emocional". La mayoría de las personas atendidas, unas 200.000, lo han sido directamente en las parroquias de pueblos y barrios donde la organización tiene implantación y que toman muy bien el pulso a la situación en la calle. Para hacerse una idea de la crudeza de la crisis y sus efectos en la ciudadanía, González pone un ejemplo: "En las Cáritas parroquiales se está atendiendo a personas que ganaban 3.000 euros". El cambio de llevar un tren de vida con ese sueldo a tener que pedir ayuda en la iglesia supone además un "caos emocional", por lo que muchos voluntarios tienen que hacer "de psicólogos".
"Son gente que ha llevado una vida por encima de sus posibilidades y no han ahorrado, o que ganaban mucho pero no estaban de alta en la Seguridad Social y ahora no tienen derecho a paro", explica la secretaria regional de Cáritas, que reconoce que hasta sus oficinas llega la gente "muy desesperada, algunos avergonzados, que incluso sólo buscan desahogarse, alguien con quien hablar y muchas veces llorar".
No son los únicos nuevos perfiles que se acercan a pedir ayuda. También llegan mujeres que nunca han trabajado y familias monoparentales, normalmente mujeres solas con sus hijos, faltas de recursos para atenderlos.
Y si hace unos años, los usuarios eran mayoritariamente inmigrantes, hoy "están equilibrados al 50%" los nacionales y los extranjeros. Los inmigrantes no se han ido y la mayoría de los que acuden a Cáritas tienen ya permiso de residencia, pero han sido los primeros expulsados del mercado laboral y muchos no han acumulado suficiente tiempo de cotización como para acceder al subsidio de desempleo.
El principal drama se encuentra en la vivienda. A la gente que no puede pagar el alquiler o la hipoteca, se suman, como ya alertó el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, aquellos que tienen incluso problemas para pagar la luz o el agua, sin olvidar la alimentación.
Cáritas no detecta diferencias entre las zonas rurales y las grandes ciudades aunque reconoce que "en los pequeños pueblos la gente está más protegida todavía por la comunidad y el vecindario arropa mucho más el proceso". En cuanto a los barrios dentro de las ciudades, no es raro ver pidiendo ayuda a vecinos de zonas residenciales incluso de nivel alto.
"Precisamente son barrios fruto del boom inmobiliario y que acogen a esa gente que ha abarcado más de lo que podían" en época de bonanza, reconoce.
Cáritas gastó el año pasado 26,2 millones de euros, de los que el 36% procede de subvenciones públicas -destinadas en su mayoría a centros específicos de acogida, atención a drogodependientes y otros colectivos vulnerables o talleres de empleo- y el 63% de donaciones bien directamente realizadas a la asociación o a través de las colectas de las misas del primer domingo de cada mes. De este fondo se nutren principalmente las Cáritas parroquiales.
