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La denuncia por las VPO se archivó al no acreditarse que el crédito fue desviado

La Fiscalía afirma que en la documentación remitida por el banco malo hay «errores» en la suma de algunas cantidades y que no se ha confirmado que la constructora cobrara de más.

el 07 feb 2014 / 23:25 h.

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Los adjudicatarios de la promoción de VPO en Sevilla Este durante una protesta ante el Palacio de San Telmo. / J.M.Espino Los adjudicatarios de la promoción de VPO en Sevilla Este durante una protesta ante el Palacio de San Telmo. / J.M.Espino «No ha quedado acreditado, en absoluto, que se empleara el crédito en algo distinto a la construcción de los inmuebles de la promoción de viviendas Isbylia». Esa es a la conclusión a la que llega la Fiscalía de Delitos Económicos para archivar la denuncia que la Sociedad de Gestión de Archivo procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), más conocida como banco malo, por el desfase millonario en las obras de las VPO de Sevilla Este. El fiscal también considera que la denuncia «contiene errores» en el cálculo de algunas cifras y recuerda que «el escrito no contiene relato o descripción de los hechos o personas que denuncia». El decreto por el que se archiva las diligencias abiertas para investigar el presunto desfase millonario en las obras de esta promoción, que la Sareb cifró entre 12 y 14 millones de euros, es bastante crítico con la denuncia y la documentación aportada por el banco malo. El fiscal Arcadio Martínez explica que el hecho de no contar con un relato ordenado de lo sucedido implicaría «iniciar una prospección general» que además de «estar prohibida es imposible de realizar». La Sareb acompañó su escrito de numerosos documentos y de un informe pericial que tras su «laboriosa lectura», 135 folios según el decreto, y la toma de declaración del administrador y apoderado de la constructora Dolmen, encargada de ejecutar las obras, la Fiscalía concluye que en el contrato previo suscrito entre dicha entidad y la Fundación para el Desarrollo Sur de Europa (dependiente de la CEA) «ya se preveía una posible desviación de los costes que podía alcanzar hasta del 5% del presupuesto total». A esto añade que «no es infrecuente que se produzcan desviaciones del costo de las obras» y destaca que uno de los constructores explicó que «la desviación pudo deberse a lo extraordinariamente lluviosos que fueron los años 2009 y 2010 y a la especial configuración del subsuelo de los solares de la promoción». Para el fiscal, además, la documentación aportada por la Sareb, «igual de veraz que la aportada por Dolmen», «como poco contiene errores o afirmaciones discutibles», que le llevan a ciertos errores de cálculo. En cuanto a la desviación de dinero, asegura que «no está acreditado» que la constructora «cobrara por obras que no hubieran efectuado», ni tampoco que «más de lo estipulado por la gestión. Pero lo más importante es que «penalmente no pueden tenerse en cuenta las manifestaciones del informe cuando dice que el crédito se empleó indebidamente en pagos que no eran exclusivamente la construcción» y que los pagos realizados por la Fundación «no suponen en ningún caso una apropiación indebida de dicho crédito», recordando que la disposición del mismo estaba controlado por Tasamadrid, entidad tasadora de Caja Madrid, que fue la que concedió el préstamo hipotecario para realizar las obras. Por ello, concluye que «dejando a parte las cuestiones contractuales, lo que no se ha acreditado ni siquiera indiciariamente es que el crédito no se haya invertido en la construcción de las viviendas, incluyendo en el término construcción gastos derivados de la misma y necesarios para llevarla a cabo». La promoción en cuestión estaba compuesta por 583 viviendas promovidas por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) a través de la citada Fundación. Una obra que a día de hoy está inacabada, por lo que los adjudicatarios no han podido acceder a las mismas pese a que entregaron como aportación inicial entre 17.000 y 21.000 euros, lo que hace un total de 9,5 millones de euros que se sumarían a la cantidad denunciada por la Sareb. Al margen de esta denuncia, el expresidente de la CEA Santiago Herrero y el resto de la cúpula declararán en breve como imputados por un delito de estafa.  

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