Josefa Doblado, la mujer de 69 años que será desalojada de su casa en septiembre si se ejecuta el embargo por la deuda que tiene pendiente con el banco, ha solicitado al Ayuntamiento una vivienda de protección oficial, dentro del cupo social, ante el riesgo de que acaben expulsándola del piso de la Macarena en el que lleva viviendo 40 años. Su abogado, José Manuel Ramírez, precisó que la casa se solicita porque, si se queda en la calle, Josefa "cumplirá los requisitos requeridos" en este cupo destinado a colectivos desfavorecidos.
La anciana puso su vivienda como aval para que su sobrino pidiera un crédito de 29.000 euros para comprar una furgoneta, que no terminó de pagar, por lo que se inició un proceso de embargo. Pero la mujer no se enteró hasta siete años después, al filo de que la casa saliera a subasta, por problemas en la notificación. Lo más rocambolesco fue que al saberlo, en 2008, un hermano de Josefa logró un crédito de 30.000 euros con el que creía que podría pagar la deuda, pero sólo unos días después de entregar el dinero, el banco le dijo que además de esos atrasos debían intereses y costas por 52.000 euros más.
El desalojo de la mujer estaba previsto para el pasado 19 de julio, pero esa misma mañana, en el último minuto, el BBVA compareció ante el juzgado y anunció que aplazaba la expulsión de Josefa del piso hasta septiembre. Fue fruto de la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que había intercedido para pedirle al banco que tratase de encontrar otra forma de que Josefa saldase su deuda.
Sin embargo, a día de hoy los contactos con el banco para buscar esta fórmula no se han producido y, dado que lo que el BBVA asumió no fue suspender el desalojo sino sólo aplazarlo, el abogado de Josefa ha decidido buscar una alterativa. José Manuel Ramírez ha enviado una carta al alcalde, el popular Juan Ignacio Zoido, en la que lo informa de la situación de la anciana y le solicita una vivienda del cupo de protección social. "No pedimos un trato de favor", insiste sin embargo el letrado, "sino que se la tenga en cuenta porque cumple los requisitos".
En la misiva le comunica las peculiaridades de este caso, como el hecho de que el banco haya cobrado a la mujer unos intereses del 29% por el crédito de la furgoneta -de ahí que la deuda que acumula por los intereses supere el doble del importe del crédito- o que el embargo se haya realizado sobre la casa y no sobre la furgoneta, a pesar de que la vivienda cuesta cuatro veces más.
El abogado tiene presentados varios recursos porque considera que el proceso contiene irregularidades que podrían invalidarlo, dejando la situación en el momento previo a la subasta de la casa. Y si eso ocurriera, sería más fácil llegar a un acuerdo con el banco para pagar la deuda, algo ahora imposible porque la vivienda ya está embargada, subastada y adjudicada al BBVA.
Eso sí, el abogado alerta de que si la mujer es expulsada de su casa el daño ya estará hecho, lo que fue uno de sus principales argumentos a la hora de pedir a Chamizo que intentase un aplazamiento hasta que el juzgado resuelva los recursos, cuando las decisiones sean definitivas. Ahora, al ser agosto un mes inhábil, el abogado ve pocas posibilidades de llegar a un acuerdo con el BBVA sobre una posible fórmula de pago que evite que Josefa se quede sin casa, pero insiste en que ése es su objetivo, ya que la anciana no se niega a pagar pero pide plazos más flexibles.
