La deuda que en la actualidad tienen los Astilleros de Huelva y Sevilla podría rondar los 280 millones de euros, una cifra que, según los sindicatos, se vería agravada de no reactivarse de forma inmediata la construcción de buques en la factoría onubense.
En declaraciones a EFE, el secretario general de la Federación del Metal de CCOO-Huelva, Juan Díaz, ha indicado que, según la información que los sindicatos han recibido desde la Junta de Andalucía, la deuda de los Astilleros onubenses estaría en estos momentos en torno a unos 214 millones de euros y la de los sevillanos en unos 65.
Díaz ha indicado que esta cantidad difiere de la que preveían desde el ámbito sindical donde "estimábamos que la factoría de Huelva podría tener adeudado unos 140 millones de euros acumulativos".
Sin embargo, ha precisado que "hay que tener en cuenta que la Junta habla de pasivos y por tanto, se trata de una deuda que irá remitiendo cuando se proceda a la entrega de los barcos que se están construyendo y, sobre todo, cuando se desbloquee la construcción del buque paralizada por problemas de liquidez del armador".
Por ello, desde los sindicatos que considera prioritario, y así se lo demandaron el pasado miércoles a los representantes de la administración autonómica en el transcurso de una reunión mantenida en Sevilla, que en lo coyuntural lo indispensable es "la activación de la obra en curso, porque sino nos podríamos encontrar con un incremento de la deuda que no beneficiaría a nadie".
Díaz ha insistido en que el plan de viabilidad industrial es necesario pero que, si no se acomete de urgencia esa solución que ponga freno a los problemas coyunturales, el tiempo para salvar los astilleros será menor.
Mientras tanto, también continúan los contactos entre la empresa y la administración autonómica para tratar de hacer factible ese plan de viabilidad, y tras la reunión mantenida ayer "se seguirá trabajando", según han precisado a EFE desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.
La plantilla de Astilleros de Huelva está afectada desde el pasado día 5 de octubre por un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que se prolongará hasta enero y que por el momento está afectando al 70 por ciento de los trabajadores de la empresa matriz y las dos auxiliares.
