La compañía inmobiliaria Contsa, en suspensión de pagos, presenta una deuda de 86,8 millones de euros a un total de 1.653 acreedores frente a los 609 inicialmente reconocidos por la empresa. Estas son las cifras que le han presentado al Juzgado de lo Mercantil de Sevilla los administradores judiciales.
Es el balance de la empresa que presidía José Salas Burzón y que arroja una deuda de 86.821.335,62 euros, fruto de la diferencia entre el valor de los activos -28,46 millones de euros- y del pasivo, que se eleva a 115,28 millones, informaron ayer a Efe los administradores concursales.
Estos datos contrastan con los 79,87 millones en los que el propietario de Contsa valoró sus activos, añadieron las fuentes.
En su informe, entregado ayer mismo al Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, los administradores judiciales aseguran que el total de acreedores es de 1.653, más del doble de los 609 reconocidos por la empresa, a los que afirmaba deber 49,4 millones de euros.
Los acreedores recibirán en los próximos días una comunicación de los administradores con la deuda que se les ha reconocido que, en general, coincide con lo solicitado por algunos de ellos en el juzgado.
Por ello, los administradores creen "innecesario y de poco sentido práctico" que los afectados acudan al juzgado, ya de por sí colapsado, pues las únicas diferencias en el saldo final se refieren a los intereses subordinados y el recurso a los tribunales les supondrá un gasto añadido en abogado y procurador.
Contsa, que captaba pequeños ahorradores con la promesa de intereses desorbitados, tenía una "realidad patrimonial ficticia" y su contabilidad "no refleja la realidad", pues está formada a base de "saldos de caja inexistentes o ventas falsas", según los auditores.
Según su clasificación, los créditos de acreedores con privilegio especial ascienden a 11,23 millones, los de privilegio general a 94,27 millones de euros, los subordinados a 4,21 millones y los de acreedores subordinados por intereses a 5,08 millones.
Los acreedores de privilegio especial, explicaron las fuentes, son aquellos que tienen garantía hipotecaria y cobrarán con preferencia cuando se venda el activo hipotecado.
El informe, por otra parte, recoge que 29 de los supuestos acreedores son entidades vinculadas a la propia Contsa por accionariado, unidad de gestión o domicilio social, pues "todas ellas giran en torno al propio presidente de la empresa, José Salas Burzón, su esposa o hijos menores".
La actividad de la empresa era la "captación de fondos en estructura piramidal", dicen los administradores judiciales, que recogen además varias operaciones llevadas a cabo por Salas Burzón "en perjuicio de los acreedores".
Consta se encuentra en concurso de acreedores desde febrero pasado y, de forma paralela a la vía mercantil, un juzgado de Sevilla mantiene abiertas diligencias penales contra su presidente por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y delito societario, según denuncia de varios inversores o accionistas.
La situación patrimonial de Contsa ha sido analizada por los auditores judiciales Joaquín Aguilar Cazorla, Miguel Isasi Fernández de Bobadilla y Francisco José Tato Jiménez, que han presentado al juzgado un voluminoso estudio de 12 tomos con los activos y pasivos.
