Junta y FAMP se ven hoy las caras para hablar de competencias y presupuestos municipales en un ambiente caldeado. Los ayuntamientos de todo signo acuden con una postura única: reclamar parte de la deuda histórica. La Junta rechaza que ésta sirva para fines distintos a educación, sanidad o vivienda pero, con esa salvedad, está abierta al diálogo.
Las reticencias del Gobierno andaluz para hacer concesiones a esta demanda municipal se basa en que el Estatuto deja claro que el dinero que reciba la comunidad como compensación por haber asumido competencias mal dotadas en educación, vivienda y sanidad, sólo puede destinarse a esos servicios. "No se puede pedir al Gobierno que no cumpla con el Estatuto de Autonomía, que es claro sobre el origen de las cantidades y el destino que se le debe dar", subrayó ayer el portavoz de la Junta, Enrique Cervera. Pero ante el hecho de que "al fin y al cabo son servicios que se prestan en los municipios", señaló que hoy hay margen para el diálogo y el acuerdo.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) acude a la primera reunión del Consejo de Concertación Local con una reclamación surgida de una iniciativa del PP y secundada el lunes por alcaldes de todo signo en una reunión de su Ejecutiva: que parte de la deuda -que la Junta cifra entre 1.148 y 1.742 euros pero que aún no ha logrado consensuar con el Gobierno central- vaya a los ayuntamientos y éstos decidan su uso. Es una forma de obtener "más y mejor financiación" ante una situación que califican de "muy agobiante".
Planteada así, la petición municipal chocó inmediatamente con el no rotundo del propio presidente de la Junta y el consejero de Economía, pero en vísperas de la reunión, el portavoz de la Junta expresó la disposición al diálogo con todas las salvedades.
La petición fue una iniciativa lanzada en primer lugar por el líder del PP, Javier Arenas, que reclamó el 50% de la deuda para los consistorios. Logró eco en la FAMP, que apoyó unánimente incluir parte de la deuda en su documento de demandas ante la reunión de hoy con el beneplácito de alcaldes del PSOE, IU y PA. Sin embargo, los aparatos de los partidos no han reaccionado tan al unísono.
Desde el PSOE, el secretario de Organización, Rafael Velasco advirtió que la Junta "no va a cambiar ahora lo que hace año y medio fue aprobado por todas las fuerzas políticas en el Estatuto" y que su partido "no utilizará" la FAMP para la "confrontación". La secretaria general del PA, Pilar González, precisó que su formación prefiere que se destinen a los ayuntamientos los presupuestos de las diputaciones. Y el diputado de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, aplaudió la actitud de la FAMP tras 25 años "siendo totalmente inútil".
