La división inmobiliaria del grupo Sánchez-Ramade, Noriega, ha presentado concurso de acreedores (la antigua figura de la suspensión de pagos) en el Juzgado Mercantil de Córdoba ante la falta de acuerdo con la banca para refinanciar su deuda de más de 800 millones de euros.
Sánchez-Ramade, el segundo mayor consorcio andaluz tras la multinacional Abengoa con una facturación de 1.400 millones de euros, ha solicitado el concurso voluntario de acreedores para su filial inmobiliaria Noriega tras no prosperar las negociaciones con la banca acreedora para refinanciar la deuda -un problema que lleva dos años arrastrando-, adelantó ayer el diario económico Expansión.
Si el juez aceptase el concurso de acreedores, sería la segunda mayor suspensión de pagos de una empresa andaluza tras la presentado el pasado julio por la promotora Aifos, cuya sede se ubica en Málaga.
Para evitarlo, el grupo cordobés, de la familia del mismo nombre, sigue negociando "in extremis" con las entidades, según dijeron fuentes de Noriega, quienes explicaron que todavía hay tiempo, dado que el plazo expiraba a las doce de la pasada noche. A la hora de cierre de esta edición aún no había trascendido nada al respecto.
Noriega presentó hace días el concurso voluntario de acreedores, aunque no ha parado de negociar con bancos y cajas. "El concurso se puede presentar y retirar en cualquier momento. Y este escenario puede cambiar en sólo cinco minutos", según agregaron las fuentes, quienes indicaron que se va a negociar hasta el último momento para tratar de alcanzar un acuerdo -con una veintena de bancos y cajas de ahorros-.
El problema se arrastra desde hace ya dos años, aunque no condujo a la suspensión de pagos- y la empresa consiguió refinanciar la deuda. Sin embargo, a principios de julio pasado, una de sus filiales, la dedicada a construcción (denominada Noriega Edificación y Obra Civil), tuvo que acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que, al tiempo que permite a la empresa un plazo máximo de cuatro meses para negociar el endeudamiento con sus acreedores, la protege de éstos durante ese periodo de tiempo, de forma que no podrían forzarla a la suspensión de pagos (es el denominado concurso necesario).
Por tanto, esa filial admitía su insolvencia (no paga) y obtiene un periodo de gracia para pactar con los acreedores. La legislación establece que, haya o no ese acuerdo, obligatoriamente se ha de solicitar concurso voluntario al expirar los cuatro meses. En agosto, un portavoz de la empresa negaba que toda la inmobiliaria tuviera problema, pero al final así ha sido, como en su día revelaran fuentes del mercado a este diario.
Las dificultades financieras de los Sánchez-Ramade no sólo han afectado al negocio inmobiliario llevado por Noriega. No en vano, en febrero pasado la Junta de Andalucía salió al rescate de Urende con un rápido crédito de 12 millones de euros.
