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La deuda por el céntimo sanitario abre un nuevo litigio Junta-Gobierno

Unos 4.000 agricultores y 16.700 transportistas, la mayoría pymes y autónomos, envían sus facturas del carburante a Hacienda para recuperar una parte.

el 19 abr 2014 / 22:11 h.

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El sector agrícola andaluz, que agrupa a más de 4.000 asociados, y el sector transportista, más de 16.700 pequeñas y medianas empresas (más 28.000 autónomos), han remitido a la Agencia Tributaria «cientos de miles» de solicitudes reclamando la devolución del céntimo sanitario, un impuesto sobre los hidrocarburos cuyos ingresos se destinaban a la sanidad, y que el pasado febrero fue declarado ilegal por el Tribunal de la Unión Europea, por incumplir la directiva comunitaria sobre los impuestos especiales. El impacto económico será mayor para el transporte. Fuentes del sector estiman que cada transportista, por un vehículo tipo de carga general, estimando un consumo anual aproximado de 46.000 litros, el céntimo sanitario le supondrá un sobrecoste impositivo de más de 2.200 euros. El Ministerio de Hacienda habilitó hace unas semanas un portal informático para que los afectados gestionen sus reclamaciones, pero todavía no se ha aclarado qué administración deberá hacerse cargo de la factura. El céntimo sanitario, creado en 2002, es un impuesto que tiene una parte estatal y otra autonómica, ésta última voluntaria. Andalucía no lo aplicó hasta 2010, y dejó de cobrarlo en 2013 (cuando desapareció porque Bruselas ya había advertido de que el fallo del tribunal europeo sería contrario al Gobierno español). Entre 2011 y 2012, Andalucía ingresó más de 700 millones por este concepto [13.000 millones de euros para el conjunto del país]. El ministro Cristóbal Montoro convocará a las comunidades tras la Semana Santa, según fuentes de su departamento, para «coordinar una acción conjunta respecto a las solicitudes de devolución». Esta reunión se antoja compleja, porque el Ministerio entiende que las comunidades deben afrontar el abono del tramo autonómico del impuesto, puesto que los ingresos revirtieron en las arcas regionales, mientras que la Junta defiende que al tratarse de un gravamen estatal, la factura íntegra tendrá que asumirla el Gobierno. «Entendemos que la responsabilidad es del Ejecutivo central ya que sin el impuesto estatal no se habría desarrollado el tramo autonómico. No vamos a hacernos cargo de la devolución del dinero», advierten en la consejería de María Jesús Montero. El conflicto está pendiente también de otra gestión que ha hecho el Ministerio. El pasado 10 de marzo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó en Bruselas una consulta sobre la devolución del céntimo sanitario. La sentencia del tribunal europeo sólo era «declarativa» y concluía que el impuesto era ilegal porque gravaba dos veces por el mismo concepto. Pero el fallo no decía nada sobre la devolución de un dinero que no debió cobrarse. Los trámites para la devolución siguen dos vías en este momento: el procedimiento abierto por la Agencia Tributaria, y el de los tribunales autonómicos, que ahora deben hacerse acopio del fallo europeo. Pero la consulta que el Gobierno español le ha hecho a la Comisión Europea plantea la siguiente duda: España creó el céntimo sanitario para cumplir con la legislación comunitaria de mínimos de tributación de hidrocarburos. Ahora quiere saber si tiene que devolver la totalidad o una parte y, en caso de lo primero, si Bruselas sancionaría a España por haber incumplido el mínimo de hidrocarburos. «Vamos a devolver el dinero, pero queremos saber si hay que devolverlo todo o una parte, y si nos exponemos a nuevas sanciones», explican desde el departamento de Montoro. La Agencia Tributaria irá tramitando las solicitudes de devolución, «pero va a esperar a que Bruselas responda». La vía judicial se topa con la misma incógnita. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido el primero en ordenar la devolución del céntimo sanitario, pero no cuantifica la deuda ni explica cómo debe ejecutarse el procedimiento. La Junta fijó en 2,4 céntimos por litro de gasolina y gasóleo (ahora está en 4,8), cuyos ingresos se dedicarían a financiar la sanidad. El tribunal europeo considera que España y las comunidades gravan los hidrocarburos dos veces, por distintos conceptos, y lo entendería si el céntimo sanitario se usara para financiar medidas medioambientales necesarias por el efecto del abuso de la gasolina, pero no para costear algo tan ajeno al objeto del impuesto como el sistema sanitario. El ministro Montoro explicó en el Congreso que las consecuencias respecto a la devolución (13.000 millones en total) «habrá que evaluarlas». Todas las comunidades cobran este impuesto especial cedido por el Estado que se creó en 2002 excepto Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias, que tienen los precios más baratos del combustible. En las 13 regiones que lo aplican oscila entre 1,2 y 4,8 euros por litro de carburante. Este gravamen alcanza su valor máximo de 4,8 céntimos tanto para gasolina como gasóleo en nueve comunidades autónomas, que son Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares.

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