No lo pueden ocultar más. El pulso que mantienen Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla nos acompaña desde el inicio de esta legislatura aunque las diferencias vienen de atrás. De todas formas, es ahora cuando se evidencian con mayor claridad. El encontronazo surgido con la pretendida creación de una empresa única de aguas en la provincia o la financiación de la ampliación de FIBES, han puesto de manifiesto las divergencias existentes a pesar de que ambas instituciones están bajo el control de un mismo partido, el PSOE. Machaconamente, el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos insiste en señalar que la Diputación se debe, sobre todo, a los pequeños municipios y que de ahí nadie le va a sacar. Bajo este prisma enfoca toda la actuación de su gobierno a la hora de programar y comprometer las principales inversiones. Y si eso requiere retirarse de proyectos más o menos onerosos en los que estaban implicados en la capital, pues se hace con tal de beneficiar, dice, al más débil. Se trata, a priori, de una sensata política de equilibrio presupuestario que bien podría entenderse siempre y cuando esta práctica no vaya en perjuicio de la propia ciudad de Sevilla.
La contribución del ayuntamiento de Sevilla
Sin embargo, se da la circunstancia que el Ayuntamiento que preside Alfredo Sánchez Monteseirín es un contribuyente, por no decir que el máximo, a las cuentas de esa corporación provincial. Aporta una media anual de 3,5 millones de euros procedentes del recargo correspondiente en el IAE, gracias a que en su término municipal se asienta un mayor número de empresas. Con este dato en la mano, no es que tratemos de reproducir aquí la teoría catalana de las "balanzas fiscales" a través de la cual, con una visión absolutamente insolidaria, se quiere reducir sus flujos hacia las regiones más desfavorecidas.
Lo que se pretende es, ni más ni menos, poner las cosas en su sitio. No se puede planificar una política que bien podría obedecer al principio del efecto que podríamos llamar del "efecto Donut", esto es, todos los recursos para la periferia y cero, la nada, para el centro, la capital, como si aquí no existiera más que el vacío, como si los co-provincianos no se beneficiaran de la oferta de servicios e iniciativas que se desarrollan en la ciudad hispalense.
Poner freno a esta absurda pelea
Lo sucedido no sólo obedece a una determinada concepción de las verdaderas funciones que han de corresponder a una diputación. En el fondo, hay una clara lucha entre dos facciones del partido gobernante, algo que, en cualquier caso, no nos debe extrañar: la institución como escenario de las peleas o para los proyectos personales. El mismo Monteseirín es un buen ejemplo de ello. Durante su etapa de presidente de la Diputación, la utilizó descaradamente en sus planes para asaltar la alcaldía de la capital en manos, entonces, de Soledad Becerril, del PP. Bien está que diriman sus diferencias, pero no a costa del ciudadano, sea de pueblo o de la capital y de las propias instituciones. Alguien debe poner freno a tan absurdo enfrentamiento e imponer, de una vez por todas, la sensatez y la cordura.
