Un toque de distinción de esta nueva batería de medidas ante la crisis, que se dio a conocer ayer como Plan +30, consiste en destinar tres millones de euros para abrir las puertas al primer empleo a los jóvenes licenciados o diplomados universitarios de Sevilla. "El reto es incentivar su contratación y romper el círculo vicioso por la falta de empleo y experiencia laboral de los jóvenes", señaló el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que presentó rodeado de los agentes sociales y el grueso de sus diputados provinciales.
La iniciativa, que beneficiará a casi 350 jóvenes que no han tenido antes un trabajo, consistirá en proporcionar una beca a los seleccionados, que serán dados de alta en la seguridad social, cobrarán el salario mínimo interprofesional y permanecerán seis meses de prácticas en una empresa, que luego será la que decida, pasado ese tiempo, si hacerle un contrato. En ese punto, la Diputación incentivará su contratación por un periodo mínimo de seis meses. Villalobos precisó que la beca no será "para ir a por café ni para atender a los recados", sino que irá acorde con la formación que ha recibido en su etapa universitaria.
Esa partida sólo es una parte del grueso de 13 millones que irán a parar a la creación de empleo. En ese apartado, se reservarán diez millones para reeditar el Plan de Emergencia Social de 2009 y que se basa en hacer contrataciones de corta duración -de 15 días a tres meses- a aquellas parados que ya han agotado la prestación por desempleo y se encuentran en riesgo de exclusión social. La primera edición del plan preveía generar 14.000 empleos y cuajó en los Consistorios. En la segunda edición, que arranca el 1 de junio, se calcula una cifra similar. Villalobos precisó que se trata de una "medida circunstancial" por la crisis, ya que están "en contra de los contratos basura o temporales".
El Plan +30 mantendrá las medidas de apoyo financiero a los ayuntamientos, con un montante de ocho millones. Tres de ellos servirán para la cofinanciación de los planes provinciales de obras y servicios, mientras que el resto permitirá facilitar anticipos reintegrables que permitirán dar cobertura financiera a las Mancomunidades y Consorcios. De eso se encargará la sociedad pública Opaef, que facilitará "un tiempo prolongado" para la devolución del dinero.
Por último, el plan contempla una partida de cinco millones para la mejora de infraestructuras ya iniciadas con otros planes -como el Proteja o el Feil-, además de otros cuatro millones que servirán para garantizar la ejecución del presupuesto de 2010 "sin depender de los ingresos que vengan de otras administraciones".
