El grupo popular de la Diputación de Sevilla advirtió ayer de que el Gobierno socialista de la institución ha decidido formalizar "el certificado de muerte" del proyecto promovido junto a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) para los desarrollos urbanísticos asociados a los suelos de Cortijo de Cuarto , destinados a albergar 5.551 viviendas, la mitad de ellas con algún grado de protección. Los populares avisaron de que el Gobierno provincial ha elevado al pleno de la institución que se celebrará hoy la resolución del convenio firmado a tal efecto en 2006 entre la Diputación y EPSA, extremo que incluye la entrega de 12.089.219 euros a EPSA por diferentes aspectos. Un punto que pedirá el PP que se retire porque la Diputación perderá liquidez y porque a largo plazo supondrá un "daño económico" implícito en la renuncia al acuerdo y por la entrega del dinero.
Sin embargo, el portavoz del equipo de Gobierno socialista de la Diputación, Manuel Domínguez, defendió ayer que la coyuntura general induce a pensar que "no es el momento para llevar a cabo 5.551 viviendas" y que "lo más razonable" es esperar a tener "todas las garantías y la máxima previsión de "beneficio económico y social".
Un argumento que no comparte el PP. En rueda de prensa, los diputados provinciales Virginia Pérez y José Leocadio Ortega recordaron que es necesario remontarse a 1998 para localizar los orígenes de este proyecto estrella de la Diputación provincial de Sevilla que, casi 15 años después, no se ha materializado. "Es la historia interminable", enfatizaron los diputados populares. Así, recordaron que con motivo de este proyecto, que incluía además diversos equipamientos públicos, en 2005 fue creada en el seno de la Institución supramunicipal la sociedad mixta instrumental Gestión Inmobiliaria Provincial SA (Gipsa), toda vez que en 2006 la Diputación y la Administración autonómica rubricaron un acuerdo de colaboración destinado a la promoción de estos desarrollos urbanísticos.
No obstante, en 2008, Gipsa fue extinguida para ser fusionada con la sociedad instrumental Sevilla Activa, cuyo capital ostenta también en solitario la Diputación provincial, y en 2009 la institución supramunicipal decidió utilizar "nueve millones de euros" anticipados por la Administración autonómica, merced al citado convenio de 2006, para la adquisición de parcelas y franjas de terreno en diversos municipios. Las hemerotecas confirman que en 2009 la propia Diputación provincial anunció que destinaría, al menos, siete millones de euros procedentes de la operación de Cortijo de Cuarto para adquirir suelos en diversos municipios y ponerlos a disposición del tejido productivo.
Lo cierto, según los populares, es que ya en estos momentos finales de 2012, las viviendas y equipamientos públicos anunciados para los suelos de Cortijo de Cuarto, al sur del término municipal de Sevilla, no son una realidad. El portavoz socialista, por su parte insistió en que la Diputación no está de brazos caídos.
"Seguimos receptivos a las demandas que podamos tener sobre esta bolsa de suelo. Pero tenemos claro que nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es la impecable gestión de nuestro patrimonio. Lo más razonable, desde el punto de vista de los que gobernamos, es que la Diputación de Sevilla no saque adelante este proyecto hasta que dispongamos de todas las garantías y la máxima previsión de beneficio, económico, por supuesto, pero, sobre todo, social", concluyó Domínguez.