Cinco meses lleva el grupo socialista en el Ayuntamiento reclamando información sobre cómo Aussa, la empresa mixta mayoritariamente municipal que gestiona la zona azul, contrata a sus trabajadores y operarios encargados de tramitar las denuncias que luego derivan en multas. El pasado septiembre, el PSOE solicitó por primera vez al área de Movilidad que le aclarase cuántas personas habían sido contratadas por esta compañía semipública y qué procedimiento se había seguido para dar publicidad a la búsqueda de estos empleados. Sin embargo, ni el gobierno municipal ni la citada sociedad le han facilitado estos datos, por lo que la oposición ve «suficientes indicios» para denunciar un posible caso de «enchufismo». Pero sus dudas van más allá, puesto que ha detectado en las cuentas de la empresa, que su directiva cobró 349.621 euros en 2013, por lo que quiere saber a cuántos miembros de la dirección se pagó y por qué conceptos. Esta cifra supondría además un incremento de las retribuciones del consejo de administración y alta dirección con respecto a años anteriores de un 8,5%. En el balance de 2011 y 2012, consultado por este periódico, se indica que «la retribución percibida por los miembros del consejo de administración de la sociedad en conceptos de dietas de asistencia ascendió a 12.446 euros en 2012 y a 25.118 euros en 2011». Asimismo, añade que «la retribución percibida por los miembros de la Dirección ha ascendido a 322.224 euros en 2012 y a 323.147 en 2011». En total, alcanza el millón de euros en tres años, cifra que se verá superada cuando se sume la correspondiente a 2014. En sus escritos, los socialistas reclaman detalles sobre entre cuántas personas se reparten esas cantidades, así como los «antecedentes y los documentos que existan de las contrataciones de personal realizadas por Aussa», recordando que cuando esta empresa se hizo con la gestión de las nuevas áreas de aparcamiento rotatorio de pago, tras la última ampliación de la zona azul, lo consiguió con una oferta que contemplaba incrementar su plantilla en 38 controladores. A juicio de este grupo político, estas contrataciones deben seguir «principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia», algo que pone en duda al no haber podido localizar los anuncios públicos para estas nuevas plazas ni los requisitos solicitados a los aspirantes, en caso de que los hubiera habido. En concreto, el PSOE pide «cuántas personas han sido contratadas por Aussa desde julio de 2011, qué procedimiento se ha seguido para su contratación, en qué medios se ha anunciado el procedimiento y en qué fechas se han publicado estos anuncios». Hubo dos solicitudes de información en septiembre, otra en octubre en la comisión de ruegos y preguntas del área de Movilidad, y en noviembre un escrito al propio alcalde. El Ayuntamiento facilitó al PSOE el acceso a un expediente «en el que se recoge únicamente aquella información que la empresa está obligada a dar como consecuencia de su relación contractual con el consistorio», si bien «no tuvimos acceso a ninguno de los documentos solicitados y se obvió el carácter público de esta empresa», indica el grupo socialista en sus escritos posteriores. Este periódico contactó ayer con el gobierno local para conocer su postura ante la denuncia socialista y por qué no se facilitan estos datos que se demandan. Desde el consistorio, indicaron a El Correo que se ha contestado ya «en repetidas ocasiones al PSOE, por escrito, en comisión y en preguntas al pleno» para informarle de que «tanto las contrataciones como las retribuciones de los empleados y directivos de Aussa están dentro de la legalidad y las normativas». A juicio del gobierno local, según las fuentes oficiales consultadas, lo que persigue el grupo socialista con estas críticas es «enredar y hacer ruido», ya que «todo es legal». No obstante, no aclararon las principales cuestiones criticadas por la oposición: si las 38 contrataciones se ha realizado mediante una convocatoria pública, y entre cuántas personas se reparten esos 349.000 euros de la directiva. El Ayuntamiento, en una de sus respuestas por escrito al PSOE, explica que no existe el derecho de acceso a la información en este caso, y le remite al expediente de contratación del servicio de estacionamiento regulado en superficie, donde indica «podrá conocer los recursos humanos puestos a cargo del contrato de forma detallada». La justificación esgrimida es que «en los supuestos de explotación de un servicio por una empresa de economía mixta como Aussa, estamos ante una gestión indirecta de los servicios, no ante una personificación jurídica de un servicio». Por ello, los concejales no tendrían derecho a acceder a la información relativa a las empresas mixtas, aunque sean de capital mayoritariamente público.
