Más de 66 millones de euros en diez años que salieron de las arcas públicas de la Junta de Andalucía en concepto de sobrecomisiones por los expedientes de regulación de empleo (ERE). Esa es la conclusión a la que llega la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, en un informe en el que analiza gran parte de las pólizas que están siendo objeto de investigación por la jueza Mercedes Alaya. Además de la elevada cifra, los peritos también destacan irregularidades como que se pagaran «comisiones a varios mediadores por la misma póliza», y que fueran estos mismos intermediarios los que fijaran las cuantías y no las aseguradoras. Por otro lado, el Parlamento andaluz entregó ayer las preimputaciones a los cuatro exconsejeros que son aforados, después de que la jueza le solicitara «auxilio» al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para este trámite.
El informe elaborado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es bastante claro: «se observa que en la mayor parte de las pólizas la comisión percibida por los mediadores ha sido significativamente superior a la media del mercado», que estaban fijadas en un dos por ciento, y de que de forma general se establecía en el diez por ciento. Así señala que el «exceso de comisiones totales cobradas por entidades del grupo Uniter asciende a 29.804.937 euros, por entidades del grupo Vitalia a 36.228.300 euros, por Expert Ejecutivos a 71.417 euros y por Atlantis a 50.918 euros». De esta forma, concluye que «supone una cuantía total de sobrecomisiones efectivamente abonadas a los mediadores en el periodo de estudio», que va entre 2000 y 2011, «es de 66.155.573 euros».
Los peritos hacen en este informe una ampliación de las conclusiones a la que llegaron en otros realizados con anterioridad a petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 6, recogiendo, entre otras irregularidades en la firma de las pólizas con las que se sufragaban los ERE «la actuación de agentes de seguro exclusivos simultáneamente para varias entidades aseguradoras», así como el «pago de comisiones a varios mediadores por la misma póliza». Los peritos hablan también del pago de «comisiones a un mediador sin que conste un contrato de agencia», además de la existencia de «tomadores impropios en las pólizas intermediadas y no identificación adecuada del mediador en la póliza».
Asimismo, tras el análisis pormenorizado de los documentos aseguran que «no se ha encontrado justificación que acredite la necesidad o conveniencia de suscribir las pólizas de seguro mediante la participación de mediadores», por lo que remarcan que la intervención de esta figura «ha encarecido innecesariamente el coste de las pólizas de seguro». Es decir, que la Junta se podría haber ahorrado esos 66 millones de euros. Pero no sólo eso, sino que los peritos tampoco han encontrado justificación «sobre los criterios de la elección de las aseguradoras ni de los mediadores», y no les consta «utilización de procedimientos de concurrencia competitiva entre varias aseguradoras y mediadores para suscribir el seguro más ventajoso».
Igualmente, y «contrariamente a lo que es normal en la actividad de mediación en seguros, la comisión que percibían estos agentes «no era establecida por las entidades aseguradoras, sino que era determinada por los propios mediadores». Ellos, «prevaleciéndose de su capacidad de influencia en la adjudicación de las pólizas, fijaban su comisión fuera de precios de mercado», y que finalmente era incluida en el precio total de los seguros que se firmaban. Por ello, los peritos sostienen que «este mecanismo irregular de fijación del nivel de comisiones» funcionaba «con la connivencia de las entidades aseguradoras».
Por otro lado, el Parlamento de Andalucía, notificó ayer el auto de preimputación a los cuatro diputados señalados por Alaya, y que son aforados, después de que en la mañana de ayer llegara un sobre remitido por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río. Los cuatro exconsejeros que ahora son diputados andaluces a los que va dirigida esta comunicación son Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio. La semana pasada, y después de que la magistrada solicitara ayuda al Tribunal Supremo, también les fue notificado a los expresindentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y al exconsejero José Antonio Viera.
