El Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla tiene fijadas para los días 7 y 8 de septiembre las comparecencias aplazadas desde mayo sobre la querella promovida por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico contra la directiva de Cobre las Cruces, que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras.
En concreto, la cúpula de la compañía afronta supuestos delitos medioambientales después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) descubriese 20 perforaciones no autorizadas en el acuífero Niebla-Posadas, además de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.
Según la providencia que fija las nuevas comparecencias, recogida por Europa Press, la juez Ana Escribano fija para el 7 de septiembre las declaraciones, en calidad de imputados, del director general de la compañía, Françoise Fleury, y de su director de Minas, William Thomas Willliams, toda vez que el director de Gestión de Aguas de esta empresa filial de la multinacional canadiense Inmet Mining, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen, están llamados a prestar declaración al día siguiente, también en calidad de imputados.
La querella de la Fiscalía se remonta al otoño de 2008 y, como se recordará, partía de los expedientes sancionadores incoados por la CHG contra Cobre las Cruces por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. Estas prácticas, de hecho, motivaron que la CHG suspendiera la concesión administrativa otorgada a Cobre las Cruces para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua.
Los hechos, según la querella formalizada en momento por la Fiscalía, podrían constituir un posible "delito continuado de daños" conforme a los artículos 263 y 264.1.4 del Código Penal, así como un delito contra el medio ambiente en función de los artículos 325 y 326, en sus apartados A y B, del mismo cuerpo legal. Y es que el Ministerio Público consideraba que el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa había desencadenado episodios de "contaminación metálica" y "contaminación por oxidación de las aguas drenadas" en el acuífero Niebla-Posadas, que además sufrió una detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.
De hecho, precisamente en una inspección cursada el 4 de julio de 2007 por los técnicos de la CHG se fundamentaba la querella interpuesta por la Fiscalía, porque las muestras arrojaron la presencia de "diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico" con valores muy superiores a los marcados por el Real Decreto que establece la calidad del agua para el consumo humano.
La Fiscalía, en función de la investigación incoada por la CHG para sus expedientes sancionadores, aludía también a un "incumplimiento radical de la obligación de reintegrar al acuífero de los caudales extraídos", extremo que motivó la suspensión de la autorización del sistema de drenaje y reinyección el 12 de mayo de 2008 con el consiguiente precinto de los sondeos. La valoración de los daños, según revelaba la Fiscalía, ascendía a 249.521,43 euros por los perjuicios del desequilibrio entre detracciones e inyecciones y a 43.688,17 euros en el caso de los daños por contaminación.
Así, el departamento de María José Segarra defendía que los daños globales cuantificados en cuanto al dominio público sumaban "al menos" 322.381'60 euros, a lo que debe agregarse "una grave alteración del curso de las aguas", arriesgando "personas y el entorno medio ambiental al contaminar con arsénico un acuífero del que se abastece la población humana".
