El Parlamento europeo acaba de votar la llamada Directiva del Retorno, a través de la que los 27 países de la Unión Europea han fijado las bases comunes para la repatriación voluntaria o forzosa de los inmigrantes sin regularizar.
La norma europea permite hasta 18 meses de privación de libertad en régimen cerrado e incluso de cumplimiento en centro penitenciario, impuesta sin proceso penal, sin defensa, sin derecho a presunción de inocencia, sin condena que recurrir, de cumplimiento íntegro, obligatorio en el límite incierto de duración de la pena hasta el máximo previsto, cuya fijación y determinación dependerá del arbitrio de la autoridad no judicial que la ejecute, en atención a nadie sabe qué criterios o bases, sin posibilidades de suspensión condicional y acompañado además de penas accesorias, tal como es la de prohibición, de hasta por cinco años, de reingreso en territorio de la UE, aunque sea legalmente.
Incluso la Directiva recientemente aprobada prevé el internamiento de menores de edad, pudiendo ser expulsados como los adultos. Nos encontramos, pues, ante una nueva perspectiva normativa de retorno y regresión pura y dura de la concepción europea garantista de los derechos humanos, entre los que parece quedan excluidos los inmigrantes irregulares, convirtiéndoles en responsables de la situación de crisis económica, porque ya se sabe que a perro flaco todo se le vuelven pulgas.
Una vergüenza que nos acerca a políticas de base totalitaria, alejadas de otras sustentadas en muy diferentes principios inspiradores como el de solidaridad, igualdad de trato, protección de menores y personas especialmente vulnerables y respeto a los Derechos Humanos básicos. Una Guantanamización intolerable.
