La sección tercera de la Sala de lo Contencioso del TSJA tiene en mente un modelo educativo diametralmente opuesto al que está en vigor. En año y medio, los mismos jueces han dictado sentencias que desmontan hasta seis normas y principios de la Consejería de Educación y, de paso, vierten duras críticas a la política educativa andaluza.
Cuando Educación tiene que acudir a los tribunales suele hacerlo atravesando la puerta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, sobre todo la sección tercera, que acumula la mayoría de litigios escolares. Y casi siempre sale escaldada de allí. Los argumentos jurídicos de estos jueces, sustentados en la doctrina de la Sala, darían pie a otro modelo educativo distinto: "No parece que se vaya a hacer daño a la calidad de la enseñanza por escolarizar a un alumno más". La escuela que separa a alumnos por sexos "no sólo no es discriminatoria, sino que está acogida al ámbito de la libertad". "Es razonable que los demandantes soliciten que se excluya a su hijo" de EpC. "Estos contenidos transgreden la neutralidad ideológica de los poderes públicos, lo cual implica adoctrinamiento".
En el último año y medio, los magistrados de esta Sala han anulado dos normas autonómicas dictadas por la consejería, una reciente contra el desarrollo de Educación para la Ciudadanía y otra contra la ley de conciertos, que prohibe subvencionar a los colegios que separan a sus alumnos por sexo. A estas normas se suma una tercera sobre la que el TSJA se encuentra aún deliberando si vulnera el derecho a la educación de los andaluces. Se trata del decreto de escolarización, recurrido hace poco por unos padres sevillanos cuyos hijos se habían quedado fuera del colegio concertado católico que habían elegido.
En estos casos, los tribunales tumbaron normas concretas aprobadas en el Parlamento. Pero en otras sentencias, el TSJA fue más allá y decidió abordar de forma crítica las consecuencias negativas que el modelo educativo de la Junta tenía para las familias católicas. Así, suprimieron las referencias a la diversidad de género de EpC porque "pervierte la libertad religiosa". Permitieron "objetar" a una materia necesaria para graduarse. Defendieron que la educación mixta podía ser "discriminatoria" y los criterios de escolarización "absurdos". Y se mostraron escépticos con la idea de que la calidad de la enseñanza dependa en gran medida del número de alumnos por aula (ratio).
En una decena de autos y sentencias consultadas por este periódico, todas ellas sustentadas en la doctrina de la Sala de lo Contencioso, los magistrados frenan, paralizan o trastocan las normas y los criterios de la Consejería de Educación y, de paso, las cuestionan, las critican y, en ocasiones, las banalizan.
Con la anulación de los contenidos de Ciudadanía, la Sala del TSJA se ha hecho famosa en toda España. En el pulso con la Administración ha entrado la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que han elevado al Supremo las decisiones de estos jueces.
Jueces previsibles. En Sevilla, es sabido lo que piensa la Sala del TSJA sobre la ratio: justo lo contrario de lo que defienden todos los sindicatos de la enseñanza, o sea, que si la educación es buena, da igual que en un aula haya 25 que 30. Siguiendo esa doctrina, los tribunales de lo Contencioso han permitido a más de cien niños sevillanos acusados de fraude escolar regresar a sus colegios católicos hasta que se resuelva el pleito.
En los últimos dos años, según fuentes de Educación, los jueces se han inclinado por aceptar las medidas cautelares. Y los abogados de las familias lo saben. "Los jueces revisan la documentación antes de devolver a un niño a su escuela, pero la Sala, sobre todo la sección tercera, lo hace en defensa de la libertad religiosa de los padres. Por eso, esperamos a que la sección tercera esté de guardia, porque sabemos que siempre va a apoyar a las familias contra la Junta", reconoce el abogado de varios niños expulsados por fraude, que prefiere no dar su nombre. La doctrina de la Sala es tan clara, que los juzgados son previsibles. Y, en consecuencia, "muchos padres van directamente a los juzgados a pedir una plaza en el colegio que quieren, aunque no tengan puntos para entrar, simplemente porque saben que el juez defenderá su derecho a recibir una educación religiosa", explica este abogado.
