Un 80% de los internos en las cárceles andaluzas son drogodependientes, pero sólo el 19,5% sigue programas de desintoxicación. Sindicatos de funcionarios de prisiones y ONGs afirman que la droga en la cárcel circula igual que en la calle y causa una de cada cuatro muertes. Desde 2000, al menos 86 presos han muerto por sobredosis. El último, el mes pasado en Córdoba.
La muerte por sobredosis el pasado 14 de enero de un joven sevillano de 27 años, que cumplía una condena de siete en la cárcel de Córdoba, no es para la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) un caso aislado. De hecho, apenas una semana antes saltaron las alarmas en la prisión de Zuera (Zaragoza) por la muerte de tres presos en seis días, a parecer por una droga adulterada.
Ante la gravedad de este incidente, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, reconoció las dificultades para evitar la entrada de droga en las cárceles, sobre todo cuando son cantidades pequeñas que los presos introducen en su cuerpo. Las visitas son registradas y los presos son cacheados al volver de los permisos, pero la droga dentro del cuerpo sólo podría ser detectada con radiografías o análisis y para ello es preciso una autorización judicial especial.
Los efectos de las drogas son ya la primera causa de muerte no natural entre los internos, por encima del SIDA y los suicidios. De las al menos 367 muertes registradas en las cárceles andaluces desde el año 2000, las drogas provocaron 86 (los datos de 2008 aún no son oficiales). Pero la cifra puede quedarse corta, ya que no siempre es fácil delimitar entre un suicidio y una sobredosis. Además, los presos que fallecen en el hospital o durante el traslado en ambulancia no se contabilizan en estas estadísticas.
Instituciones Penitenciarias imparte cursos específicos para los funcionarios en los puestos de ingresos y accesos de las prisiones, intensifica los cacheos y requisas y desde 2007 cuenta con unos aparatos para la detección de sustancias estupefacientes mediante el análisis de partículas, aunque no en todas las prisiones. Sin embargo, los funcionarios de prisiones denuncian limitaciones materiales y legales para controlar la entrada y tráfico de droga en prisión.
El cooordinador regional del sindicato ACAIP, Francisco Macero, afirma que "la droga es el principal problema de la cárcel, por los riesgos sanitarios y porque la mayoría de las peleas entre internos son por ajustes de cuenta por drogas".
Tanto Macero como la responsable del sector en CSI-CSIF, Julia Soto, señalan que las visitas sólo pasan detectores de metales y los cacheos a los presos, que sólo son integrales en circunstancias excepcionales, no surten efecto porque "la mayoría la traen en el cuerpo". En cuanto a los registros y requisas, ambos reconocen que "no se hacen con la periodicidad necesaria" porque las cárceles están masificadas y hay uno o dos funcionarios para cada módulo de 140 reos.
Los internos que regresan de permisos y las visitas vis a vis son las principales vías de entrada de la droga, que no es sólo para consumo propio sino que la mayoría son pequeños traficantes que se costean así su propia adicción.
El responsable de cárceles de APDH, Valentín Aguilar, asegura que "el control es muy superficial" y "cualquier persona que entra y sale puede introducir droga, hay condenas a familiares, funcionarios de prisiones -en enero de 2008 fue detenido uno en Alhaurín- y hasta curas". Por ello, defiende que a los presos drogadictos se les ofrezcan tratamientos externos ya que dentro "lo único que hacen es darles metadona, y esa no es la solución".
