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La dueña de Río Grande dice que el comprador sabía que el restaurante estaba embargado

Carmen García Sánchez recibió 500.000 euros en concepto de señal por una venta fijada en 6,5 millones de euros

el 01 abr 2014 / 12:04 h.

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La propietaria del restaurante Río Grande, María del Carmen García Sánchez sostuvo ayer que la persona que pretendía comprar el negocio «sabía» que el mismo estaba embargado por la jueza Mercedes Alaya para asegurar la fianza de 1,9 millones de euros impuesta a García por su imputación en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE). La propietaria acudió ayer a declarar al Juzgado de Instrucción número 15, cuya titular le imputó un delito de estafa por supuestamente haber intentado vender su negocio tras el embargo. rio-grande Según explicaron fuentes del caso, el comprador pagó 500.000 euros en concepto de señal cuando se formalizó el contrato de compraventa, que fue en octubre de 2013, y en el que se recogía como precio final 6,5 millones de euros. Una cantidad que se abonaría cuando se firmara las escrituras ante notario, aunque la operación no se llegó a formalizar porque el comprador denunció por presunta estafa. García reconoció ante la magistrada, Silvia Patricia Soto, que firmó dicho contrato, sin bien especificó que no era necesario recoger las cargas que pesaban sobre el restaurante en el contrato. Además, defendió que el interesado conocía que existía el embargo, ya que, según dijo, el caso de los ERE es bastante conocido y ha salido en todos los medios de comunicación tanto a nivel provincial como nacional. Es más, según su versión, el propio comprador se lo había comentado a ella. La propietaria de Río Grande también explicó que comunicó al Juzgado de Instrucción número 6, el que investiga el caso ERE, su intención de vender el negocio, para lo que le solicitó el pertinente permiso. Sin embargo, la acusación particular, que ejerce el comprador y supuesto estafado, asegura que este trámite lo hizo en diciembre de 2013, cuando ya se había formalizado el contrato y ya se le había anunciado que sería denunciada si no devolvía los 500.000 euros entregados como señal. La acusación particular aseguró ante la instructora, además, que si García devuelve los 500.000 euros, que fueron entregados en un cheque que ya ha sido cobrado, retirarán la denuncia. Ella, en cambio, y según las mismas fuentes, dijo que ella quería llegar a un acuerdo con la otra parte, pero que ahora no lo va a devuelve porque ya ha sido denunciada. García Sánchez es la propietaria del noventa y nueve por ciento de las participaciones, que fueron embargadas por Alaya en mayo de 2012, mientras que el local y el solar en el que se encuentra el restaurante se realizó hace unos meses. En ese momento, la magistrada también embargó otra finca situada en la misma zona de la calle Betis pero en sus números pares, y un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila) además de los saldos bancarios y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria de García Sánchez. El abogado del restaurante recurrió el embargo y solicitó que se realice una tasación de todos estos bienes para, a continuación, levantar las cargas «sobre aquellos bienes para los que, a la vista de las valoraciones practicadas, se muestre innecesario y perjudicial para el responsable civil» dicho embargo. A su juicio, esta medida no es ajustada a derecho porque supera con creces el valor de la fianza impuesta.

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