La administrativa de la inmobiliaria Contsa que figuraba como propietaria del 70 por ciento de su filial en Estados Unidos ha dicho hoy a la juez que su sueldo ascendía a solo mil euros al mes y que se enteró de su participación en esa empresa por el juzgado que lleva la suspensión de pagos.
La administrativa M.I.P.P. ha declarado como imputada ante la juez de instrucción 17 de Sevilla, que investiga la denuncia de varios inversores por presunta estafa y delito societario en la inmobiliaria Contsa, que está en suspensión de pagos con un desfase de 86 millones de euros.
Por estos hechos el dueño de la empresa, José Salas Burzón, cumple prisión incondicional desde el pasado 3 de octubre y su esposa se encuentra imputada pues era propietaria de varias empresas del grupo.
La administrativa, de 37 años, figura como dueña del 70 por ciento de la empresa que gestionaba las inversiones de Contsa en Estados Unidos desde una central en Miami, para lo que viajó dos veces a esa ciudad y en otras ocasiones a Gibraltar, según ha declarado.
En su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, M.I.P.P. afirma que se ha enterado de que es la dueña de Contsa-USA cuando se lo han comunicado los administradores judiciales, ya que ella "no tenía ni idea" de los verdaderos negocios de la inmobiliaria.
Ella "tenía fe ciega en su jefe" y por eso firmaba "todos los documentos" que él le pedía, que estaban en inglés, un idioma que no entiende, ya que su verdadera función en Contsa era ver los pisos que salían a subasta y organizar a Salas Burzón "la Feria, la Romería de El Rocío y otros eventos" en los que necesitaba servicio de comida.
La administrativa figuraba también como propietaria de un coche BMW, lo que según su declaración le pidió el hermano del dueño, encargado de la contabilidad, porque "había que pasar una inspección y había muchos bienes a nombre de Contsa", aunque primero le pidieron que aceptase figurar como dueña de un Aston Martin y un X-5, a lo que se negó.
La imputada ha asegurado que su sueldo se reducía a 1.000 euros al mes, menos 200 euros de teléfono móvil que le descontaban, y que no tiene ninguna formación inmobiliaria ya que valoraba los pisos que visitaba "preguntando por la zona y a inmobiliarias".
A otra pregunta de los abogados personados en la causa, ha contestado que no conocía la mala situación de Contsa y que "hasta el mes de diciembre de 2007 lo único de lo que se hablaba era de una inspección de Hacienda en relación a los billetes de 500 euros".
Junto a los presuntos delitos en la inmobiliaria, Salas Burzón y su esposa están imputados de sendos delitos fiscales en su declaración del IRPF, que según la Fiscalía asciende a seis millones de euros entre los dos.
