"La educación no es un gasto, es una inversión". Se lo habrán oído decir a menudo al presidente andaluz, José Antonio Griñán, pero también a algún dirigente del PP. Javier Arenas tiene registrada esta frase varias veces en el diario de sesiones del Parlamento. La educación es una inversión, pero cuesta dinero. Al Gobierno andaluz le cuesta 36 millones de euros al día abrir todos los centros escolares de la comunidad autónoma. El presupuesto de la Junta para educación ocupa el segundo lugar en las cuentas autonómicas, por detrás de las políticas de Salud, y absorbe el 29,1% del total del gasto público.
La crisis hundió las uñas en Andalucía en el año 2008. Unos meses antes, la Junta había aprobado la Ley de Educación Andaluza (LEA), la primera legislación autonómica para la enseñanza, con una memoria económica de 1.175 millones. Estaba previsto que en el periodo de vigencia de la ley (2008-2012), el presupuesto de educación no universitaria se incrementase más de un 36%. La mayor parte iría destinada a aumentar la plantilla en 15.000 nuevos profesores. Esa previsión no sólo no se ha cumplido, sino que la inversión en educación para 2013, que se hará pública en breve, corre el riesgo de contraerse por segundo año consecutivo.
Si eso ocurre, ¿de quién es responsabilidad? El Gobierno andaluz tiene las competencias en política educativa, pero Moncloa puede condicionar esas políticas cambiando la legislación básica. En torno al 90% del presupuesto educativo depende de la Junta, y la aportación del Gobierno es mínima. Pero la mayor parte de ese gasto (casi el 80%) lo absorben las nóminas de los 111.602 profesores que trabajan en el sistema escolar andaluz, y el Gobierno tiene potestad para restringir y recortar el número de empleados públicos.
En el presente ejercicio, toda la inversión pública ha menguado. Toda, excepto la partida que financia la educación, que en los Presupuestos autonómicos vigentes (al menos sobre el papel) experimentaron un incremento del 2,5% respecto al año anterior: 6.297 millones, dos tercios (4.153 millones) para pagar el sueldo a los maestros. Cuando la Junta presentó las cuentas de 2012 incluyó un crecimiento neto de la plantilla de 820 profesores nuevos. Los salarios de esos docentes se contabilizaron en el gasto educativo de este año a partir del 1 de septiembre, cuando debían incorporarse a sus puestos. Pero no hubo oposiciones de Secundaria y además el Gobierno restringió el acceso de profesores al sistema, limitando la tasa de reposición al 10% (sólo uno de cada diez jubilados fue sustituido). De modo que los 820 docentes nunca ocuparon su plaza. Y la puntilla, lo que ha hecho retroceder el presupuesto educativo al nivel de 2007-2008, está en que el presente curso arrancó con 4.526 profesores menos que el año pasado, lo que supone unos 190 millones de ahorro en las nóminas de todo un año. La Consejería de Educación descarta reintegrar a los interinos para el resto del curso, así que la inversión educativa seguirá cayendo en 2013.
Retroceso. Ni el PSOE, ni el PP ni IU han negado jamás la necesidad de aumentar cada año el presupuesto para educación. Y aún así el gasto se contrae. Los sindicatos creen que esta realidad desarma a Griñán en su defensa prioritaria de las políticas educativas. Pero en cierto sentido también deja sin instrumentos al PP-A. El cese de los 4.526 interinos se produce a consecuencia de un decreto ley del Ministerio de Educación, que ha elevado la jornada lectiva de 18 a 20 horas. Esta norma, de obligado cumplimiento para Andalucía, se hizo para amortizar las horas de trabajo de los funcionarios y prescindir de interinos. Por la misma razón se elevó el mínimo legal de alumnos por aula, pero ésta no era una norma impuesta y la Junta se negó a aplicarla. De haberlo hecho, otros 4.000 profesores habrían salido del sistema. La tercera medida del Ministerio para adelgazar el gasto en personal fue el bloqueo de las oposiciones de Secundaria, recurridas en los tribunales meses antes del examen. Los 30.000 opositores andaluces todavía se preguntan por qué cambiaron los temarios del examen, si días después pensaban recurrir las oposiciones.
El capítulo de personal no sólo se reducirá porque disminuya el número de profesores (mientras crece el de alumnos). Los salarios de los docentes han menguado como consecuencia de las políticas de ahorro en el sector público, tanto del Gobierno como de la Junta. Y no es la única partida que ya ha sufrido los recortes que se notarán en 2013. De los 11 programas que articulan el presupuesto andaluz de educación, el que sufrió un incremento mayor este año fue el de Servicio de apoyo a las familias (comedor escolar, aula matinal, transporte, actividades extraescolares...). En este caso, el gasto (243 millones en total) no aumentó a pesar de la crisis, sino a consecuencia de ella. Todos estos servicios están subvencionados por la Junta, y los apuros económicos han obligado a más familias a demandar las ayudas. El resto de programas, como el de Innovación y evaluación educativa, del que dependen los ordenadores en las aulas; o el de Formación del Profesorado (se han suprimido los permisos para docentes en el extranjero) no tendrán tanta suerte.
El Estado ha recortado un 87% las transferencias a las comunidades para la educación, un dinero que financiaba las guarderías, los ordenadores, el bilingüismo... El Ministerio rebajó un 67% las transferencias para Andalucía en estos programas: de los 129 millones que recibió en 2012 se quedará con 47 millones. La Junta se ve incapaz de seguir financiando por sí misma esos programas. De momento ya ha suprimido la gratuidad de ordenadores en Primaria. El presupuesto se ha quedado en una quinta parte de lo que era: cinco millones (en vez de los 20 que invertía anualmente) para llevar portátiles a los colegios, en vez de entregárselos a los alumnos. El Ministerio también ha vaciado el fondo para planes de refuerzo y acompañamiento de alumnos con dificultades de aprendizaje (muy extendido en esta región). Esta partida pierde 116 millones, un 68% menos, y aún se desconoce el tajo que afectará a Andalucía.
A menudo el PP reprocha a la Junta que el enorme gasto que se destina a educación dé resultados tan mediocres (34% de fracaso escolar, 37% de abandono tras la ESO, una tasa de paro juvenil superior al 50%). Los informes que evalúan los mejores sistemas educativos del mundo, como el PISA, coinciden en que el aumento del gasto escolar no siempre es sinónimo de calidad. Pero sí lo es de igualdad. El presupuesto educativo andaluz está diseñado para reequilibrar en las aulas lo que no lo está fuera de ellas: las desigualdades sociales. Eso cuesta mucho dinero y es lo que ahora está en juego.
