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La empresa que instaló el Plan Centro defiende que las cámaras funcionan

Sice pide explicaciones al Consistorio por sus críticas y subraya que no ha recibido queja alguna por fallos en el sistema

el 22 jul 2011 / 19:50 h.

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Las cámaras que controlan los accesos al casco histórico empezaron a funcionar a finales del año pasado.

El sistema de control de accesos al Centro funciona, las cámaras siguen detectando las infracciones, no ha habido reclamación alguna desde su implantación y durante meses se han estado tramitando las sanciones desde el Centro de Control de Tráfico hasta el Negociado de Multas de la Delegación de Hacienda. De esta forma respondió la empresa adjudicataria de la instalación de los controles de acceso al casco histórico a las críticas realizadas desde el Ayuntamiento a su proyecto. Así se lo trasladó el pasado jueves al director de Movilidad en una cita en la que pidieron explicaciones al gobierno por sus palabras y así lo ratificó su responsable Ramón Cobo en declaraciones a este periódico.

"El sistema funciona perfectamente. Nosotros nos debemos a nuestro cliente, que es el Ayuntamiento, y hemos hecho bien el trabajo. No hay fallos", subrayó Cobo en respuesta a las últimas declaraciones del gobierno local. El responsable de Sice incidió en que en ningún momento "se han presentado reclamaciones" por problemas en el sistema, ni siquiera por los fallos en las lecturas que el informe del nuevo director general de Movilidad, Enrique Medina, alega cómo explicación de la paralización de la tramitación de sanciones. Eso teniendo en cuenta que, como subrayan desde Sice, el modelo está en garantía: "Si nos hubieran reclamado algo, hubiéramos respondido inmediatamente".

Según Sice, desde la adjudicación del contrato en diciembre de 2009 por un importe de 956.946 euros, el Consistorio sólo ha ratificado la gestión realizada por parte de la empresa. Lo hizo a través del documento que avala la buena ejecución del proyecto y del acta de recepción del sistema, por el que éste pasó a ser propiedad municipal.

¿Qué explica entonces que, según el gobierno local, no se hayan remitido sanciones al menos desde marzo ? Sice no quiere entrar en un enfrentamiento político. Sólo matiza lo ocurrido durante los primeros meses de ejecución del proyecto. Cuando toda la explotación del sistema, incluida la tramitación de las infracciones desde el Centro de Control de Tráfico estaban bajo su supervisión. "Se tramitaban los incumplimientos de la normativa al Negociado de Multas", subraya Cobo. A partir de ahí, dependía de la Delegación Hacienda la tramitación de los expedientes y la notificación de los mismos a los infractores del plan de tráfico del Centro.

Pero esta situación no se ha mantenido hasta ahora. El pliego de condiciones establecía unos plazos a partir de los cuales el sistema pasaba a ser de propiedad municipal. Según el expediente por el que salió a concurso el sistema, la firma tenía tres meses para instalar las cámaras, otros tantos de pruebas para verificar su correcto funcionamiento, y después se iniciaba una fase de seis meses en los que la explotación del sistema, el mantenimiento y los ajustes quedaban a cargo de esta firma. Desde Sice no aclararon cuando finalizó este periodo, aunque las fechas sitúan este traspaso al Consistorio entre el primer y el segundo semestre de este año. Podría coincidir así con la fecha desde la que, según el Consistorio, se dejaron de tramitar los expedientes sancionadores. Querría esto decir que técnicamente el sistema era viable, o al menos nadie dijo lo contrario -fuentes del anterior gobierno incidieron en que no se detectaron fallos en las cámaras - pero que políticamente al anterior gobierno no le interesó que tramitaran los expedientes -que se suspendieron bien en Movilidad bien en Hacienda- y que el nuevo gobierno decidió tras las elecciones mantener la misma actitud ante su compromiso de derogar el Plan. En cualquiera de los dos casos, la actitud del gobierno habría dejado inutilizada una inversión de un millón de euros por la que no se puede reclamar nada.

Paradójicamente nada de esto aparece ni en el informe elaborado por el nuevo director general de Movilidad ni en las declaraciones públicas realizadas por el alcalde, Juan Ignacio Zoido. El supuesto informe se limita exclusivamente a apuntar que "según el Centro de Control" desde marzo no se tramitan expedientes sancionadores, y que "los índices de error en las lecturas de las matrículas podían ser una de las causas de la paralización del sistema". El resto es una reflexión política que justifica que la ciudadanía "no ha entendido" el Plan Centro y que, "ante la crisis", hay que "potenciar el acceso de todos los medios de transporte al casco histórico".

En cuanto a las declaraciones del regidor, Zoido apuntó directamente al sistema e incluso anunció que se disponía a revisar los pliegos de condiciones: "Lo que no puede hacer un gobierno es mentir como ha hecho el anterior, que decía que funcionaba, y ahora tenemos informes que aseguran que no funcionaban y que tenia muchas disfunciones".

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