Por Salvador Criado y María Montiel.
Los afectados por el ERE durante su encierro en la casa consistorial de Utrera. Foto: Salvador Criado
Las movilizaciones que han emprendido los trabajadores afectados por el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) en la base aérea de Morón de la Frontera llegaron ayer a Utrera. El ayuntamiento de esta ciudad está sirviendo de escenario al segundo de los encierros planteados para esta semana, con los que quieren denunciar la medida anunciada por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), sociedad que gestiona los servicios civiles de la citada base para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. El primero se produjo en la localidad moronense, que es la que le da nombre a la base; mientras que éste se ha planteado ahora en la ciudad que alberga la mayor colonia estadounidense de la zona.
Hasta el sábado estará en el municipio utrerano el grupo de los 55 empleados afectados por el tercer ERE que vive la base desde el año 2010. Para recibirlos y solidarizarse con ellos contaron con el apoyo del alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA); el portavoz del PSOE, José María Villalobos; y concejales del PP, como Paqui Fuentes y Wenceslao Carmona, entre otros presentes.
Antes del inicio de este encierro, el portavoz del comité de empresa de VBR, Javier Domínguez, explicó que la sociedad que promueve el ERE ha respondido de forma negativa a todos los aspectos contemplados en el plan de viabilidad propuesto por los trabajadores. Así, según señaló, la empresa no está dispuesta a incrementar las indemnizaciones por encima de lo que marca la legislación laboral, a aceptar bajar voluntarias ni a reducir el número de personas acogidas al expediente de regulación de empleo. Domínguez lamentó que la empresa «no cambie su postura inmovilista, que mantiene desde el inicio del período de negociaciones».
En palabras del portavoz del comité de empresa, el ERE anunciado coincide con un incremento del uso de la base de Morón, en la que actualmente se encuentran «200 militares fijos de las fuerzas aéreas americanas y un contingente temporal de unos 900 infantes de marines». «Hemos asistido a reuniones con el ministro y con la Junta de Andalucía, y nos dicen que se va a arreglar el problema, pero seguimos sin conseguir nada. Este asunto tiene una solución política que llevamos reclamando desde hace dos años y medio», afirmó Javier Domínguez. El portavoz del comité de empresa quiso igualmente agradecer el apoyo recibido por parte de los Ayuntamientos de la zona, «que conocen esta problemática, y que consideran igualmente que son los estamentos políticos a más alto nivel los que tienen que solucionar el problema».
El alcalde utrerano mostró su solidaridad con los afectados porque «el problema de estos trabajadores tiene lugar en una comarca donde la lacra del desempleo es importante». Por ello reclamó la implicación del Gobierno central para «que mire con un poco más de cariño a esta comarca». Además, Jiménez recordó las implicaciones que supone la existencia de una base de este tipo cerca de poblaciones como Utrera, algo que «trae algunos beneficios, pero otros muchos perjuicios». En este sentido, hizo referencia a un proyecto que se quiso desarrollar en el municipio, con una inversión de más de 10 millones de euros, pero que no se pudo materializar precisamente por la cercanía de aquellas instalaciones.
PROPUESTA DENEGADA. Y justo cuando se comenzaba el segundo de los encierros, se cumplían los peores pronósticos con respecto al plan de viabilidad presentado por el comité de empresa hace tan solo dos semanas. Aunque en la última reunión con la empresa gestora de los servicios civiles se observaba un cambio de actitud en VBR, el documento ha sido rechazado de pleno. Una maniobra con la cual, según explica Javier Domínguez, portavoz del comité, «quería provocar falsas expectativas, para que desconvocáramos el paro técnico que teníamos planteado». De hecho, el martes, tras la reunión de la mesa de negociación, se cancelaba la huelga de cinco días que se había acordado al objeto de comenzar el 1 de septiembre el paro técnico, al no contar con el respaldo mayoritario de la asamblea general de trabajadores. Con este cambio, la empresa «ha jugado al despiste ya que justo tras la mesa teníamos que votar la huelga». Por lo tanto, ni el plan social, que planteaba despidos voluntarios si había subida en las indemnizaciones, ni el industrial, en el cual se solicitaba una recolocación de los empleados de los tres departamentos afectados, será contemplado por VBR.
De esto modo, lo que el pasado martes parecía un pequeño resquicio de esperanza se ha tornado en desesperación con la recepción de la respuesta negativa. Una contestación que ha dejado a estos empleados «totalmente destrozados», se lamentan desde el comité. Sin embargo, aunque no se va a desarrollar el paro técnico de cinco días sí se va a continuar con el calendario de movilizaciones, comenzando el lunes 1 una protesta ante la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla, mientras que el 3 hay prevista una concentración ante la sede del PP andaluz, en la calle San Fernando, y después ante la sede de la agencia consular de Estados Unidos.
Ya el 4 de septiembre, también en Sevilla, hay prevista una concentración ante el palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, y al día siguiente, en Madrid, los trabajadores celebrarán concentraciones de protestas ante la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa.
