La empresa panificadora de Real de Gandía en la que el inmigrante boliviano Franns Rilles Melgar perdió el brazo en un accidente laboral tenía tres trabajadores más en una situación laboral ilegal, según ha confirmado hoy el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.
"Tenemos constancia de que éste no era el único trabajador extranjero que carecía de afiliación y alta en la Seguridad Social. En las actuaciones iniciales que se han llevado a cabo, parece que había tres personas más en esas condiciones", ha afirmado.
En su comparecencia de prensa semanal, Peralta ha asegurado que tiene constancia de que hoy mismo se iba a registrar la solicitud para autorizar la residencia de Rilles Melgar, y ha afirmado que una vez cumplido este "trámite necesario" el Gobierno tiene "la mejor predisposición" para regularizar su situación.
El delegado del Gobierno ha defendido la actuación de las instituciones del Estado, tanto de Inspección de Trabajo como de la Policía en ese caso y las ha calificado de "adecuadas".
"El mismo día que se produjeron los hechos se personó Inspección de Trabajo en el local y se adoptaron medidas de paralización de determinados equipos, algunos de los cuales habían sido manipulados por la empresa, y se cortaron otros que guardaban relación con el suministro eléctrico", ha explicado Peralta.
El representante del Gobierno en la Comunitat ha destacado que igualmente se citó a la empresa a comparecer ante la Inspección y que la Policía también se personó en la panificadora el día de los hechos para llevar a cabo las diligencias correspondientes. "Desde entonces no se ha dejado de trabajar", ha puntualizado.
Asimismo, Peralta ha aclarado que se paralizaron los equipos que "a primera vista no reunían los requisitos de seguridad e higiene, pero no se paralizó la actividad de la empresa en su conjunto" porque no era necesario.
"Las instituciones del Estado han dado las respuestas adecuadas, la que corresponde a la percepción generalizada, unánime de la sociedad, de que este tipo de conducta no se puede consentir de ningún modo y, por tanto, debemos transmitir plena confianza en el funcionamiento de nuestras instituciones", ha indicado.
Además, el delegado ha evitado "prejuzgar" los hechos pero ha asegurado que "todo el peso de la ley va a recaer sobre los autores de los hechos, en la medida en que los ámbitos judiciales y administrativos los confirmen".
