Agentes de la Policía Nacional se personaron ayer en la sede madrileña de la cadena Telecinco para recabar toda la información contractual disponible sobre la entrevista que, esta pasada noche, se iba a iba a emitir con el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz. Los funcionarios cumplieron así con una orden dictada por el juez Óscar Pérez, instructor del caso Malaya, que perseguía con el requerimiento que el dinero que fuera a cobrar el ex regidor por su aparición televisiva se destinase a responder a "las obligaciones pecuniarias contraídas en la causa" abierta por esta trama de corrupción. Como consideración previa, conviene recordar que aquí no se dilucida ningún recorte al derecho constitucional a la libertad de expresión ni, por supuesto, se está asistiendo a un ejercicio de censura previa. Salvo que su condición de convicto se lo impida -y eso lo tendría que decidir el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente-, Julián Muñoz puede conceder las entrevistas que considere oportuno y contar las truculencias que esté dispuesto a relatar. Del mismo modo, la cadena de televisión tiene el mismo derecho a emitir la entrevista si la considera de interés. Otra cosa es el juicio moral que se puede hacer de este tipo de espectáculos televisivos que revisten de un supuesto interés público lo que no deja de ser un espectáculo televisivo a medio camino entre lo circense y lo esperpéntico en el que lo que menos importa es el rigor y la búsqueda de la verdad. Allá cada cual con los límites deontológicos que se autoimponga. Aquí lo importante es que con la decisión del juez y con la acción policial se intenta que un personaje como el ex alcalde de Marbella no se lucre contando cómo se saqueaba un ayuntamiento. Al menos, que ese dinero vaya a parar a las víctimas de la trama de corrupción y, por tanto, se destine a pagar las cifras millonarias que se robaron de las arcas de este desgraciado municipio de la Costa del Sol.
