Una jueza de Gaziantep (Turquía) ordenó ayer que la estudiante de Periodismo de la Universidad de Sevilla Adriana Espinosa, imputada por un presunto delito de participación en manifestación ilegal al asistir a una concentración pro kurda en el centro de Turquía, declarará ante un tribunal español, para evitar su regreso a la ciudad turca, en un plazo "mínimo" de tres meses.
En declaraciones a Europa Press, la joven indicó que, según su abogado, tendrá que esperar tres meses "mínimo" para declarar ante un juez en España, un tiempo que según la estudiante lo va a dedicar a seguir "con sus planes, porque está en proceso de juicio aunque aún no la han declarado culpable, tan solo sospechosa".
Supuestamente, y según puso de manifiesto Adriana, se prevé que la declaración se vaya a llevar a cabo en un Tribunal de Madrid, pero no cree que sea la Audiencia Nacional la que le cite. Así, su letrado le ha recomendado llevar todo "con calma", ya que los juicios en estos países requieren "bastante tiempo".
Esta estudiante 'erasmus' dijo tener "miedo" de viajar a otro país que tenga acuerdo con Turquía y que allí la detengan. Por otra parte, resumió lo ocurrido como un "embrollo enorme" para ella y para su familia, ya que desde que "se paralizó su vida, se paralizó la de ambos".
Además, declaró sentirse frustrada, ya que pensaba "que todo terminaría ayer --cuando estaba previsto el inicio de la vista oral-- y no fue así", al tiempo que dijo haber puesto "todos los esfuerzos posibles para que se acabe cuanto antes", aunque "desgraciadamente no ha sido así, pues parece que los esfuerzos dedicados no han surtido efecto".
La propia afectada ya señaló que, según las últimas informaciones facilitadas por su letrado --natural de Turquía--, el Ministerio Público considera a la estudiante culpable de participar en una manifestación ilegal, lo que conllevaría un pena de hasta tres años de cárcel y una multa máxima de 25.000 euros. Así, recordó que la Fiscalía le había acusado en un principio de dirigir, coordinar y participar en una manifestación ilegal, unos hechos por los que la pena máxima de prisión en el país turco es de cinco años.
LOS HECHOS
Adriana Espinosa explicó que llegó al país turco el 15 de septiembre de 2008 y, tras varios día allí, las "compañeras de piso" con las que vivía la invitaron a ir a una "manifestación legal en defensa de los derechos kurdos, que se había llevado a cabo en otras provincias" turcas.
En este punto, Espinosa, indicó que decidió ir a la manifestación para "conocer el terreno" porque estaba haciendo un "trabajo para la facultad sobre la libertad de prensa en Turquía", si bien afirmó que la concentración la había convocado "un partido político --DTP-- que es legal allí y está en el Parlamento, pero algunas facciones están vinculadas con la PKK que está considerado por la Unión Europea como terrorista".
No obstante, señaló que la manifestación no se llevó a cabo, "sólo fue una concentración, la gente se aglutinó a las puertas de un edificio --que la joven supo después que era la sede del DTP-- y se leyeron unas palabras en kurdo", a lo que sumó que dichas palabras "no" las entendió. Posteriormente, dijo Espinosa, la concentración se prohibió y "la gente se fue a su casa, pero en ningún momento hubo enfrentamiento policial" ni sabían que las fuerzas de seguridad turcas habían "registrado" a lo manifestantes.
"Después de la manifestación seguí con mi vida normal y viajé a Siria, pero dos semanas después, al volver, el portero del edificio me dijo muy nervioso y en turco que a mis compañeras se las había llevado la Policía y habían registrado el piso, llevándose mi portátil donde tenía documentos que me había descargado de páginas legales sobre los kurdos que han considerado como propaganda del terrorismo", aseguró.
"INVESTIGACION POLICIAL"
A partir de ahí, Espinosa supo que a su compañera "Daria" la habían "vinculado al partido", la habían investigado y por extensión a ella también --"dentro de una trama terrorista"-- por lo que dijo, comenzó una "investigación policial".
Durante el mes siguiente, prosiguió Espinosa, le advirtieron que era "común" que investigaran a estudiantes que se dedican a esa causa y le dijeron que en "el campus hay investigadores" y que "posiblemente" le habían pinchado el teléfono y el correo electrónico, por lo que "por miedo" dejó la vivienda en la que residía.
"Días después me llamaron del decanato y me llevaron a la Fiscalía, donde me interrogaron, sacaron un dossier con fotos mías en la manifestación, datos de mi familia y documentos sacados de mi ordenador", argumentó.
Asimismo, aseguró que el fiscal le dijo que "por esos cargos" la podían acusar por "propaganda del terrorismo", si bien señaló que "un tribunal especial para terroristas" desestimó la causa.
