El informe PISA 2009 ha dejado al descubierto las taras del sistema escolar andaluz. No porque los datos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias continúen estancados en los niveles de "mediocridad" de 2006, sino porque en los últimos tres años el Gobierno andaluz ha desplegado una batería de proyectos y normas asociadas a la Ley de Educación Andaluza (LEA), que, sin embargo, no parecen haber mejorado el rendimiento del alumnado. El último informe PISA se dio a conocer a finales de 2007.
La consejera de Educación de aquel año, Cándida Martínez, tuvo que presentar unos datos parecidos a los de ayer, pero advirtió de que cualquier medida de choque que proponía la OCDE para enderezar el nivel andaluz ya estaba contemplado en la LEA, que entró en vigor cinco días después. "Hay que mejorar la situación, pero el instrumento ya lo hemos puesto y se llama LEA", concluyó. Ayer, visiblemente incómodo, el nuevo consejero, Francisco Álvarez de la Chica, dijo que "hay que mejorar mucho más y más rápido".
Al conocer los datos del PISA, es inevitable que la sociedad interprete que los andaluces son mucho peor estudiantes que vascos o madrileños. Es un estudio comparativo y los partidos politizan los resultados para adaptarlos a su discurso. Pero el PISA es, sobre todo, una herramienta para que los gobiernos y los profesores sepan dónde poner el énfasis de sus reformas educativas. La LEA es responsable de que los datos andaluces no hayan mejorado desde 2006, en la medida en que la Junta se hizo responsable hace tres años. Pero el estatus social, económico y cultural de la región y de los alumnos es un factor imprescindible para entender el rendimiento educativo. El PISA reconoce que esta variable "resulta difícil de modificar a corto plazo, al menos no solo por políticas educativas". El informe calcula cuánto habría puntuado Andalucía sin esos condicionantes sociales, y su media repunta más que el de ninguna otra región.
