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La exclusión de alcaldes de la Cámara dinamita el consenso entre partidos

PSOE, PP e IU aprueban juntos 27 medidas por la transparencia, pero la incompatibilidad de cargos empuja al pleno a la bronca

el 21 jul 2011 / 21:25 h.

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La bancada socialista aplaude al diputado del PSOE, José Muñoz, tras su intervención

El Gobierno andaluz habilitó el mes de julio para debatir y aprobar las dos últimas leyes del curso político: la de turismo y la de trabajadores autónomos. Pero el pleno extraordinario de ayer se recordará como el de la conjura de los alcaldes del PP, que se rebelaron como un pelotón contra PSOE e IU por aprobar una medida que hará incompatible el cargo de alcalde y presidente de la diputación con el de diputado, lo que supondrá excluir a 17 de sus regidores del Parlamento.

Durante todo el día, los populares desplegaron una estrategia de victimismo y derribo que capitalizó la actividad política, y terminó arrastrando a los socialistas hacia la crispación y la histeria. Los partidos no debatieron las 28 propuestas de regeneración política. Todo lo contrario. Se dedicaron a poner en duda la calidad democrática del adversario. La escenografía del PP fue tan invasiva -Javier Arenas llegó con 100 alcaldes para escenificar el "riesgo democrático" que corrían- que al PSOE y a IU no les quedó más remedio que entrar en el juego, y se pasaron la mañana respondiendo insistentemente por qué quieren aprobar una modificación de la Ley Electoral Andaluza que hoy por hoy castiga en exclusiva al PP, y por qué quieren hacerlo con tanta prisa, a pocas semanas de las autonómicas.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, fue quien retomó la reforma electoral en el debate autonómico, pero también fue quien advirtió de que "las reglas del juego no deben alterarse nunca ni unilateralmente, ni siquiera entre dos fuerzas políticas, si es posible por toda la Cámara".

Ayer se quedó al margen casi todo el día. El Parlamento aprobó el dictamen con las 28 medidas de transparencia y calidad democrática. La propuesta de excluir a los alcaldes de la Cámara contó con el rechazo del PP y salió adelante con los votos del PSOE y de cuatro de los cinco diputados presentes de IU. El parlamentario y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, rompió la disciplina de partido y votó en contra de esta medida y del resto del dictamen.

A primera hora de la mañana, el presidente del PP-A, Javier Arenas, entró en el Parlamento escoltado por 100 alcaldes, incluidos los 17 que compatibilizan su cargo con el de diputado. Nada más llegar escenificó una pugna con la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, a quien acusó de prohibirle hacerse una foto ante el edificio plenario, algo que terminó por hacer "asumiendo la responsabilidad ante los funcionarios de seguridad".

El siguiente movimiento fue la lectura de un manifiesto en contra de la incompatibilidad. Lo leyó el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, subrayando que era una "cacicada", un "ataque antidemocrático" y "la primera pinza contra el Gobierno de cambio". El PSOE salió enseguida a responder que la medida no afectaría a los 17 alcaldes del PP hasta después de las elecciones (no tendrán que abandonar su sillón, pero tampoco podrán volver tras las autonómicas).

La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, insistió en que su partido buscaría el consenso de todos, pero tampoco iba a perderse en la "hipocresía" de Arenas, ya que él mismo, desde 2004 a 2008, había apoyado la medida que ahora combate. En cambio, los socialistas hace 16 años que no tienen alcaldes en el Parlamento.

Todo esto ocurrió fuera del pleno, pero cuando se inició la sesión, el PP siguió utilizando al resto de sus alcaldes más insignes para rebatir las dos leyes y las tres comparecencias de consejeros previstas (Hacienda, Economía y Obras Públicas). Uno por uno fueron subiendo alcaldes del PP para ejercer como portavoces: María Ángeles Muñoz (Marbella); José Antonio Nieto (Córdoba); José Enrique Fernández de Moya (Jaén); Carmen Crespo (Adra) y Carlos Rojas (Motril). Todos aprovecharon para arremeter duramente contra la exclusión de alcaldes, y ningún miembro del Gobierno respondió a sus críticas.

Esta guerra fría anticipó el debate sobre transparencia y calidad democrática, el último punto en el orden del día. Para cuando llegó, la hipertensión en la bancada socialista era máxima, y la portavoz popular, Esperanza Oña, la remató acusándoles de "revanchistas" y de "tener enquistada la venganza" por haber perdido el 22-M. La Cámara quedó envuelta en gritos. "Esto es un espectáculo lamentable", sentenció la presidenta.

Pese a todo, el dictamen aprobado recoge las 15 medidas del PSOE, 11 de IU y dos del PP. Los populares apoyaron todas las propuestas, salvo la incompatibilidad de cargos, mientras que IU se abstuvo en una y respaldó las demás. En septiembre se iniciarán los trámites para las modificaciones normativas que exigen algunas medidas. El pleno aprobó suprimir los privilegios de pensiones a los expresidentes de la Junta; limitar los ingresos de los diputados para que sólo perciban el sueldo del Parlamento y renuncien a otra retribución pública o privada; publicar la renta de los 109 diputados; reducir a 41.000 las firmas para presentar una iniciativa legislativa popular y crear el escaño 110, una idea inspirada en el movimiento 15-M, y que supone habilitar un escaño más para que la ciudadanía presente sus iniciativas en el Pleno a través de un portavoz.

Aguayo asume la regla de gasto pero apurará el déficit

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, compareció ayer a petición propia para defender el compromiso de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal, pero advirtió de que ambos compromisos del Gobierno andaluz para con las cuentas públicas “no son un fin en sí mismos”. Lo dijo, porque acto seguido Aguayo defendió que la Junta “apure el nivel de gasto público”, y recordó que esto es algo que hacen también las principales economías nórdicas, adalides de los servicios públicos en Europa, “y no por ello son economías menos competitivas, sino todo lo contrario”.

Para los ejercicios 2012 a 2014, el plan económico-financiero de la Junta también contempla apurar el límite legal de déficit. Aun así, la consejera reconoció que está a favor de la propuesta del Gobierno de imponer una “regla de gasto común” (un límite en el gasto en función del comportamiento de la economía a medio plazo), pero siempre que “respete la autonomía financiera y la competencia del Parlamento andaluz en al aprobación anual de sus cuentas”. Con lo que no está de acuerdo Aguayo, y así se lo trasladará a la ministra Elena Salgado en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, es con que el Estado haya impuesto el mismo objetivo de estabilidad a todas las comunidades autónomas, con independencia del esfuerzo de ahorro y endeudamiento que hayan hecho.

La deuda de Andalucía supone un 10,6% del total de las comunidades, mientras que su déficit es equivalente al 65% que se autoriza a Cataluña, cuya deuda representa más del 20% del total. “Tener en cuenta sólo el PIB de cada comunidad como ratio para el reparto de recursos es injusto”, dijo Aguayo. La titular de Hacienda añadió que “Andalucía no ha optado por incrementar el nivel de déficit ni la presión fiscal, sino la racionalización de los gastos, sin tocar los servicios esenciales, como educación y sanidad”, insistió, para terminar advirtiendo de que “el compromiso con la reducción del déficit sería más accesible si el Estado atendiera las discrepancias que tiene con Andalucía” y que ahora se dirimen en los juzgados.

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