El extesorero de UGT-A Federico Fresneda ha negado ante el juez tener conocimiento alguno de "facturas falsas y partidas infladas", asegurando que a él las facturas le "llegaban ya hechas, con el cargo y el programa" al quese correspondían. El juez del caso, Juan Jesús García Vélez, le ha dejado en libertad imputado por los delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en las subvenciones, aunque como medida cautelar le ha impuesto que tiene que comparecer cada quince días en el juzgado. La misma medida le ha sido fijada a la otra sindicalista que formaba parte de la ejecutiva, María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica.
Fuentes del caso han explicado que Fresneda, que ha sido el último de los 16 detenidos en la operación Cirene II en declarar, ha negado ante el magistrado que él elaborara facturas falsas, así como la existencia de "partidas infladas". Según su relato, él no era el encargado de solicitar y gestionar las subvenciones, sino que de esta tarea se encargaba la Secretaría Económica. "Cuando le llegaban las facturas ya venían hechas y con el cargo y el programa", han dicho las fuentes.
Por su parte, la que fuera responsable de esta secretaría, María Charpín, también ha negado las irregularidades en las facturas. Charpín ha sostenido que "siempre actuaba conforme a la ley y el reglamento de Andalucía", y ha negado conocer prácticas como el rapel y el bote para mantener una supuesta contabilidad B. Charpín ha explicado que ella era la responsable del equipo de subvenciones y que "no sabe nada ni de rapel (descuento en una compra a un proveedor sin que conste el mismo en la factura, de tal forma que así se desviaban fondos de las subvenciones) ni de bote (caja en la que se despositaban las cantidades desviadas y de las que luego se disponía libremente)". La sindicalista ha sostenido que "actuaba siempre conforme a la ley y el reglamento de Andalucía".
Por su parte, el exdirectora de Compras ha defendido su actuación y ha explicado que a ella le llegaban las peticiones de compra y que consultaba el presupuesto para ello. Una vez que tenía la aprobación realizaba el encargo, precisando que en algunas ocasiones podría ocurrir que proveedor remitía una sola factura, pero el pedido se entregaba con varios alabaranes.
Fresneda, que fue tesorero durante diez años en la época de Manuel Pastrana, tras haberse negado a contestar las preguntas de la Guardia Civil. Él fue detenido en Gran Canaria, donde se encotraba de vacaciones, el martes dentro de la operación Cirene II, que se ha saldado con 16 detenciones en Sevilla, Madrid, Jaén y Alicante. Ayer ya prestaron declaración 10 de los arrestados, todos ellos empresarios, imputados por los delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones.
Hoy también ha prestado declaración un empresario de Madrid, que lo ha hecho en un juzgado de allí tras lo que ha quedado en libertad. Los dos detenidos ayer en Alicante lo han hecho en un juzgado de Novelda y también han quedado libres con los mismos cargos.
Los investigadores llevaron a cabo estas detenciones tras revisar toda la documentación que requisaron de la sede central de UGT, y otras empresas del sindicato, en diciembre, cuando la operación era pilotada por la jueza Mercedes Alaya,a la que la Audiencia Provincial obligó dejar el caso al no tener relación con el fraude de los ERE. Los agentes han concluido que UGT utilizaba de forma "sistemática año tras año" el desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía, de tal forma que lleegó a convertirse en su "vía más importante de financiación". Incluso aseguran que llegaron a utilizar "varios métodos" que fueron perfeccionando con el "paso del tiempo". De hecho, los empresarios detenidos supuestamente realizaron facturas falsas a UGT para justificar subvenciones públicas.
