Instalación de gas natural. Foto: Efe
Facua-Consumidores en Acción ha criticado que el Gobierno haya "cerrado los ojos" ante la situación económica de las familias españolas al incrementar un 9% las tarifas del gas natural en poco más de tres años, nueve veces el IPC acumulado. En la comercialización de gas natural, existen dos tarifas reguladas: la Tur 1, destinada a usuarios que no superan los 5.000 kWh de consumo al año, y la Tur 2, para los que sobrepasan esa cantidad, que suelen ser hogares con agua caliente, cocina y calefacción con gas natural.
En un comunicado, el último análisis de Facua pone de manifiesto que con las tarifas vigentes desde enero de 2015, un usuario que consume 800 kWh mensuales abona actualmente con la tarifa Tur 2 un importe de 61,10 euros al mes, un 9,0 % por encima de los 56,03 euros de octubre de 2011, la última tarifa vigente antes del nuevo Gobierno. Por su parte, un usuario con un consumo de 400 kWh mensuales paga con la tarifa Tur 1 cada mes 33,19 euros (impuestos indirectos incluidos), lo que representa un incremento del 7,8 % sobre los 30,79 euros que abonaba en octubre de 2011.
Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, correspondientes a 2013, en España hay 7,4 millones de clientes de gas natural y el consumo medio doméstico-comercial es de 8.838 kWh al año. Facua ha criticado que los incrementos aprobados en el término fijo del recibo y la tarifa por el consumo se han visto agravados con la subida del IVA en septiembre de 2012, que pasó del 18 al 21%, y la introducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos en enero de 2013, que actualmente incrementa el precio del kWh en un 4,8 %.
"Facua reclama que se recorten los márgenes a un sector con beneficios milmillonarios para evitar que los consumidores afronten unas tarifas cada vez más elevadas", ha afirmado la organización de consumidores en el comunicado. La asociación ha pedido tanto al Gobierno como al conjunto de partidos que concurrirán a las próximas elecciones generales que se comprometan a introducir en sus programas electorales otros instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos consumidores.
