El Consejo de Gobierno de la junta aprobó ayer uno de los proyectos de ley más innovadores de los últimos años en Andalucía: el que regulará el derecho de los ciudadanos a contar con una vivienda digna. La norma da respuesta a este derecho social, recogido tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía, y ofrece la posibilidad de que pueda reclamarse su cumplimiento en los tribunales. Es importante que se subraye a qué se comprometen las Administraciones. El texto normativo no obliga a proporcionar viviendas gratis a los ciudadanos sino a favorecer el acceso a la vivienda, bien en propiedad o en régimen de alquiler, a quienes carecen de ingresos económicos para acceder a un piso en el mercado libre. La nueva ley obliga a las Administraciones a poner en carga un número de viviendas protegidas que pueda satisfacer la demanda de VPO en Andalucía. Y para ello, se exigirán requisitos concretos como la pertenencia a una unidad familiar cuyos ingresos no superen los 36.000 euros anuales y la inscripción en el registro de demandantes que habrá de habilitarse en cada municipio. Las futuras reglas del juego, por tanto, están claras. Lo que ya no se ve tan fácil es cómo aplicar una ley para la que harían falta en torno a 132.000 nuevos pisos. La satisfacción de este derecho depende de que tanto los promotores de VPO como los aspirantes a adquirir estas viviendas tengan la liquidez necesaria para efectuar sus operaciones. Y esta premisa sigue sin estar garantizada por las dificultades de las propias entidades financieras, que incluso han emprendido operaciones de venta de promociones inmobiliarias que se les han quedado colgadas. Mientras los bancos y las cajas mantengan su política restrictiva en la concesión de créditos, los planes de construcción de viviendas protegidas seguirán lastrados. Hay que atacar por tanto el problema central de la cuestión, que no es otro que la sequía crediticia. El problema es cómo hacerlo.
