El recorte de créditos por parte de las entidades financieras no sólo está paralizando las promociones de viviendas sino la construcción de centros para dependientes. La Junta hizo ayer una llamada a bancos y cajas para que abran el grifo. Teme que, de lo contrario, en dos años falten plazas de residencias.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, reconoció que ya hay empresas dispuestas a invertir en la construcción de residencias o centros de día, con los que la Junta concertará plazas para atender a las personas dependientes, que "están teniendo dificultades a la hora de obtener el crédito para iniciar las obras". Por ello, hizo un "llamamiento" a las entidades financieras para que "con los criterios y garantías que tengan que tener", concedan la liquidez necesaria para que estos proyectos salgan adelante.
Navarro afirmó que "ahora no hay problemas de plazas ni los va a haber en un año o año y medio, pero sí puede haberlos en dos años si esas obras no se inician". El mapa de recursos asistenciales se planifica con "mucha antelación", por lo que se mostró preocupada por que "se produzca este parón" en las obras de estos centros. El Ejecutivo cuenta con ellos en unos plazos determinados que, de no cumplirse, pueden causar problemas en la atención a las personas dependientes que tienen reconocido por ley el derecho a contar con estos servicios residenciales.
Criterios de calidad. La consejera defendió que la construcción de centros asistenciales supone una inversión "no sólo eficaz sino necesaria" que, además, genera puestos de trabajo no sólo durante las obras sino "empleo estable" una vez que se instala el servicio asistencial en el edificio construido. Precisamente, el Consejo Territorial de Dependencia -integrado por el Ministerio de Educación y Política Social y las comunidades autónomas- acordó recientemente los requisitos que deben cumplir los centros para optar al concierto de plazas. Los que ya funcionan disponen de tres años para adaptarse a estos criterios, referidos a las ratios de personal y a la titulación que se exigirá a los profesionales que trabajan en ellos.
El Consejo Territorial también fijó los máximos y mínimos para el copago de los servicios por parte de los usuarios. Las comunidades tienen un año para adaptarse a estos límites que, según la Junta, no alterarán mucho lo que actualmente se aplica en Andalucía y "en ningún caso" supondrá un incremento en lo que pagan ahora los beneficiarios, que se calcula fundamentalmente según su nivel de ingresos personal y patrimonio.
Navarro sí dejó abierta la puerta a introducir cambios en la valoración del patrimonio para los dependientes que ingresen en residencias. Actualmente, su vivienda habitual no computa pero el Gobierno permite que se tenga en cuenta en casos de dependientes que pasan a residencias y cuya casa queda deshabitada. Aún no está decidido pero la consejera ve "lógica" esa posibilidad, que nunca se aplicará si el usuario sólo percibe una pensión no contributiva (328 euros al mes) o tiene personas a su cargo. Para las prestaciones económicas, se mantendrá que ningún gran dependiente reciba menos de una pensión no contributiva y los severos el 75% de ésta.
Nuevo organigrama. Para reforzar la atención a la dependencia, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social creará una Secretaría General específica para el desarrollo y la coordinación de las políticas de la Junta en estas materias. La nueva estructura fue aprobada ayer por el Consejo de Gobierno. El cambio adecuará el organigrama de la consejería a las necesidades de la implantación durante los últimos dos años del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía, que seguirá desarrollándose y ampliándose de forma gradual hasta 2015.
