Incertidumbre. El escenario político andaluz, 100 días después de que se estrenara el Gobierno de PSOE e IU, es negro y preludia un otoño conflictivo y caliente. La confrontación entre la Junta y el Gobierno de Mariano Rajoy va en aumento pese a los intentos de ambas partes de bajar la presión cada vez que la situación parece ya desbordada. Los recortes impuestos desde el Estado han obligado al Ejecutivo andaluz a remar a contracorriente y a la defensiva en estos tres meses de alianza de PSOE e IU.
"Acoso" y "asfixia", señalan para calificar la situación desde el Gobierno de izquierdas. "Provocación", "descontrol" o "radicalismo", apuntan desde el PP. Al margen de adjetivos, tan al límite está la situación que el PSOE y el propio Gobierno autonómico reiteraron ayer que no hay capacidad para elaborar los Presupuestos de 2013 ni visos de que prospere un acuerdo con el Estado que oxigene las cuentas andaluzas. Ocurre a quince días de septiembre y cuando habitualmente ya se habrían dado, a través del BOJA, directrices a las consejerías para ultimar números. La vía de diálogo abierta con el Gobierno de Mariano Rajoy está prácticamente muerta. No ha pasado de un intercambio de datos y números que amenazan seriamente la capacidad del Gobierno andaluz de presentar y aprobar sus cuentas a finales de año. Cualquier otro escenario, por ejemplo una prórroga del Presupuesto vigente, podría conducir directamente a la intervención de la comunidad. Posibilidad por la que, por otra parte, empieza ya a inclinarse IU, socios en el Gobierno, que insisten en plantarse y llevar a referéndum los recortes.
Ayer el PSOE-A no se negó a esa consulta popular.La situación, según señaló la portavoz socialista Verónica Pérez, es "muy grave" y de "incertidumbre". La consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, admitió ayer en declaraciones a Europa Press que no hay ningún tipo de avance en las negociaciones abiertas con el Gobierno sobre el límite de endeudamiento impuesto a Andalucía y que obliga a recortar 2.700 millones de euros más.
Hace un par de años que la Junta tiene serias dificultades para cuadrar sus números pero el agujero en este ejercicio es ya de un tamaño tal que el propio presidente José Antonio Griñán se plantó y habló de cerrar colegios, hospitales y despedir empleados públicos si Andalucía tenía que cumplir con los severos requisitos impuestos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El último encontronazo, quizás el más grave tras cinco amenazas de intervención de las cuentas andaluzas en los últimos meses, se produjo en esa última reunión del Gobierno con las comunidades (31 de julio). Andalucía recibió la noticia de que las nuevas reglas fijadas para poner tope al endeudamiento de las comunidades le obligaba a eliminar de golpe otros 2.700 millones del próximo Presupuesto. El Gobierno abre la mano al endeudamiento a las comunidades con más deuda (entre ellas Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha o Baleares) y restringe la capacidad de endeudarse de aquellas que han mantenido su deuda más a raya. Un día antes Griñán y Rajoy se habían entrevistado en La Moncloa sin que se abordara este asunto y con el compromiso de fijar para septiembre una reunión de la Conferencia de Presidentes. La Junta urgió ayer a que se celebre esa cumbre para buscar una salida a las cuentas.
La consejera de Hacienda criticó la "política del aquí mando yo" del Gobierno. La tensión se ha elevado después de que el líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, asegurara que la deuda de la Junta se disparará al acabar el año hasta los 28.000 millones de euros, aludiendo de nuevo a facturas impagadas y no contabilizadas y poniendo en duda el compromiso adquirido por la Junta de que acabaría el año sin sobrepasar un techo de endeudamiento de 22.000 millones. El PSOE andaluz le recordó ayer al jefe de la oposición que su propio Gobierno avaló los datos de la Junta al aprobar el Plan Económico y Financiero de Andalucía. El Gobierno de Griñán intuye en ese "ataque" de Zoido a la solvencia andaluza una señal de que no habrá posibilidad de llegar a un acuerdo con Madrid. Las alarmas, que ya estaban encendidas, se dispararon.
La Junta no niega que se acumulan las quejas y reclamaciones por impagos a todos tipo de proveedores de servicios públicos. La secretaria de Política Institucional del PSOE-A, Verónica Pérez, admitió ayer que la situación es de "asfixia financiera" y advirtió de que si el Gobierno de la Nación obliga a descontar otros 2.700 millones de euros, las líneas rojas trazadas para la educación y la sanidad públicas por el Ejecutivo de PSOE e IU saltarían por los aires. "Son la prioridad, nuestra piedra angular pero es cierto que todo depedenderá del acuerdo al que estamos sujetos con el Gobierno de la Nación". Para ese pacto con el Estado no hay plazo ni fechas. Si el momento del no acuerdo llega, avisó la portavoz socialista, Andalucía "se replantearía" su hoja de ruta política.
