Unas 5.000 notificaciones del Ayuntamiento se amontonan en las mesas del servicio que debe entregarlas, acumulando hasta seis meses de retraso, ya que sólo cinco personas se encargan de distribuirlas por toda la ciudad. Licencias de apertura o multas que caducan en dos meses figuran entre los papeles retrasados.
El servicio de notificaciones sólo tiene nueve repartidores, ni siquiera uno para cada distrito municipal, que son once. Además, hay trabajadores que llevan cuatro meses de baja sin que se haya cubierto su plaza. Tras la enfermedad del último hace casi un mes, sólo cinco intentan sacar adelante un trabajo cuya puntualidad afecta tanto a las arcas municipales como a los servicios que el Ayuntamiento da al ciudadano, y que ya acumula retrasos de hasta seis meses en los peores casos, según datos del propio servicio ratificados por los sindicatos.
El Consistorio, que admite estas carencias, negocia ya un refuerzo que tendrá dos patas: una reorganización completa, desde los horarios hasta la forma de trabajar; y un aumento de la plantilla que se está cuantificando aún, y que el concejal de Recursos Humanos, Alfonso Mir, expondrá a los sindicatos en una reunión convocada para el próximo martes, indicaron ayer fuentes municipales.
Entretanto, en esa bolsa de 5.000 expedientes pendientes de notificar aguardan, amontonadas en una habitación, licencias de apertura de comercios que tardarán más en llegar, y por tanto retrasarán el inicio de estas actividades; comunicaciones del servicio de Salud y Consumo como las del cementerio -por ejemplo, el final del plazo de arrendamiento de un nicho- y también multas, exceptuando las de tráfico y Urbanismo, que por su volumen se gestionan de forma independiente.
En el caso de las multas -por ruido en el caso de bares, o a los coches discoteca, entre otras- el plazo de notificación debe ser de dos meses como máximo, por lo que el retraso que acumula el servicio puede hacer que dejen de cobrarse. "Y eso no sólo supone que el Ayuntamiento deje de ingresar ese dinero, sino que el trabajo que han realizado los inspectores de Consumo y los policías locales yendo al establecimiento, preparando el expediente y tramitando su notificación se queda en nada", destacan fuentes del servicio de notificaciones, que estiman en al menos una docena el número de trabajadores necesarios para sacar adelante el trabajo diario "al día". Otras ciudades de tamaño similar a Sevilla, como Zaragoza, cuentan con el doble de funcionarios, hasta una veintena, añaden.
El retraso afecta también al funcionamiento de los distintos servicios municipales, que deben enviarse notificaciones entre sí.
Medida urgente.
Sobre la mesa hay ahora dos patatas calientes: el servicio tiene que cambiar para trabajar mejor, pero además es urgente quitarse de encima esos 5.000 expedientes atrasados. Los sindicatos negocian la forma: "Estamos en contra de las horas extra, pero algo habrá que negociar, algún tipo de productividad puntual para solucionar este problema", explica Manuel Gutiérrez, de Comisiones Obreras, que confía en llegar a un acuerdo con Mir el martes. El sindicato está de acuerdo en que haya turnos de tarde, porque entiende que hay muchas notificaciones que no pueden realizarse por la mañana, cuando muchos hogares están vacíos. Además, la ley prevé que si no se puede entregar una carta hay que volver a intentarlo en un máximo de tres días, pero a una hora distinta.
Los notificadores reciben al año entre 40.000 y 45.000 envíos, pero la media de entrega diaria ronda las 30 o 40, porque deben darse en mano y previa firma del recibo, algo más laborioso que la simple entrega de cartas en buzones. Ahora, cada uno debe encargarse de casi dos de los nuevos distritos, lo que supone que un mismo empleado cubre zonas alejadas entre sí y a veces tan pobladas como Sevilla Este y Torreblanca.
