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La familia de Alfarería pagó pero no le aceptaron el dinero

Manuel Díaz, su esposa y su hija de seis años llevan desde el jueves instalados en la calle. Su contrato de alquiler finalizó el 1 de septiembre de 2006 y desde entonces se enfrentan a un proceso judicial de desahucio.

el 15 sep 2009 / 01:47 h.

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Manuel Díaz, su esposa y su hija de seis años llevan desde el jueves instalados en la calle. Su contrato de alquiler finalizó el 1 de septiembre de 2006 y desde entonces se enfrentan a un proceso judicial de desahucio, iniciado por la propiedad, la empresa Renta Antigua López-Brea. Ésta, a través de sus abogados, informó el pasado viernes de que el arrendatario no hacía frente al alquiler desde hacía un año y medio. Manuel Díaz desmintió ayer esa versión.

Según su relato, abonó la renta durante los seis meses posteriores a la finalización del contrato, pero la propiedad devolvió todo el dinero. Su versión se apoya en algunos de los giros postales dirigidos a Renta Antigua López-Brea y rechazados. Uno de ellos data del 5 de febrero de 2007 por un importe de 236, 76 euros.

En torno al mes de marzo, según su relato, sus abogados le aconsejaron que dejase de hacer esos ingresos y que afrontase el proceso judicial, ya que era más fácil acceder a un piso social con una orden de desahucio. Finalmente, tuvo que abandonar su domicilio esta semana, y ahora aguarda que el Ayuntamiento le dé una solución.

El próximo lunes se reunirá la comisión urgente de valoración del Consejo Municipal de la Vivienda para estudiar la situación de esta familia y "buscar una fórmula que dé una solución". La Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa), dependiente de IU, es la encargada de analizar la posibilidad de ofrecer un piso social a Manuel Díaz.

La familia arrendataria del número 138 de la calle Alfarería, en el barrio de Triana, residía en este inmueble desde hace siete años, con un contrato de alquiler de cinco años. Según su relato, la propiedad decidió no renovarle y le dio como única opción la adquisición en propiedad del piso por un importe de 96.000 euros, cantidad que, según él, no podía asumir con sus recursos económicos.

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