El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz se ha negado a archivar los cargos presentados contra la familia de Manuel García Gallardo, el ex propietario de Quality Food. Sus padres y su hermana están imputados por su vinculación con el empresario cuando estaba al frente de esta compañía de comida rápida, que compró la Zona Franca en la etapa del PP y que, según el delegado actual, José de Mier, abrió un agujero económico de 30 millones de euros en el recinto fiscal.
Su abogado, Marcos García Montes, solicitó ante la jueza el sobreseimiento de esta imputación porque negaba cualquier relación de sus clientes con la causa abierta contra García con el que se querelló la Zona Franca por la vía penal por varios delitos, como estafa y apropiación indebida.
Sin embargo, el juzgado ha dictado un auto en el que rechaza esta petición y mantiene los cargos contra la familia. La Fiscalía ha respaldado esta medida que mantiene la implicación en el proceso de estas tres personas que ya han prestado declaración porque sus nombres aparecen en préstamos y operaciones bancarias.
La Abogacía del Estado ha presentado un recurso de súplica tras el auto del Tribunal Supremo que ratificaba la condena a la Zona Franca que está obligada a pagar más de 13 millones de euros. Es la única esperanza que mantiene el recinto fiscal que no ha conseguido que los tribunales le den la razón desde que se inició este proceso en el juzgado de lo mercantil para tratar de esclarecer el valor económico de Quality Food. García siempre ha defendido que no se pagó lo suficiente y la Zona Franca asegura que se abonó un 26% por encima del coste real.
