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La familia de las jóvenes señaladas por Alaya le aclara que son hijas de un prejubilado difunto

Alaya había pedido en el  auto que fuesen  investigados los vínculos de dos mujeres con el mercado central de  abastos y el ERE de 2007.

el 18 feb 2011 / 14:26 h.

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La familia de las dos jóvenes beneficiarias del préstamo por anticipo asignado por el mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, al prejubilado del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 Ignacio P.S. ha interesado aclarar ante la magistrada  del Juzgado de Instrucción número seis, Mercedes Alaya, que ambas son  receptoras del préstamo como descendientes de este ex trabajador  prejubilado en el citado procedimiento y ya fallecido.

La juez había  señalado a estas dos personas reclamando aclaraciones del "motivo"  por el que ambas, y no el aludido prejubilado, percibían el préstamo  por anticipo que la sociedad mixta otorga mensualmente para cubrir  las prestaciones de este extrabajador cuya prestación permanece  paralizada por el conflicto que rodea al ERE de 2007.

Mediante un auto fechado el 10 de enero de 2011 y recogido por  Europa Press, la juez Mercedes Alaya profundizaba en la investigación  del posible delito societario que habrían perpetrado los antiguos  directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce en la  gestión de esta sociedad mixta participada mayoritariamente por el  Ayuntamiento hispalense y Mercasa.

Fernando Mellet y Daniel Ponce,  como se recordará, están imputados tanto en estas actuaciones como en  el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles  irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado central  de abastos.

En cuanto a los expedientes de regulación de empleo promovidos por  Mercasevilla en 2003 y 2007, si bien ambos fueron autorizados por la  Consejería de Empleo, sólo el primero de ellos ha gozado del respaldo  financiero de la Administración autonómica por lo que al pago de las  prejubilaciones acordadas se refiere.

Y es que el expediente de  regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de  abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue  resuelto con aproximadamente 40 prejubilaciones cuya financiación ha  quedado en el aire al haberse desligado de ella la Consejería de  Empleo.

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