A medida que pasan los días y se acercan las elecciones del 9 de marzo, la Iglesia española se distancia aún más del Gobierno para tomar partido por la alternativa del PP. La manifestación del domingo en Madrid liderada por los cardenales Rouco, Cañizares y García Gasco fue un claro ejemplo de la inutilidad de los esfuerzos de la vicepresidenta Fernández de la Vega por tender puentes con el clero. Los obispos, sin embargo, han ido mucho más allá del enfriamiento de relaciones y han acusado directamente al ejecutivo de Zapatero de poner en peligro la democracia, la familia e incluso los derechos humanos. Tan esperpénticas e infundadas aseveraciones han sido contestadas por la ejecutiva del PSOE. Y debiera hacerse lo mismo desde el resto del arco parlamentario, incluido el PP. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha recortado ningún derecho ni puesto en riesgo la democracia. Al contrario, ha legislado obsesivamente por ampliar derechos y libertades respetando el valor de la familia y dando respaldo legal a otras familias formadas por los españoles y españolas que han optado libremente por otra opción vital. Que la mayoría de los españoles sea creyente no da carta blanca a la iglesia para alejarse de los principios de la democracia y la constitución, que define a España como estado aconfesional. Todos los españoles deben tener los mismos derechos sean o no creyentes. Los obispos ingnoraron el domingo los derechos de esas personas, dibujando un panorama apocalíptico tan falso como electoralmente intencionado. El PP debe decir alto y claro si derogará leyes como el divorcio exprés que, lejos de perjudicar a las familias, enriquece sus derechos. En el fondo, los populares saben que estos posicionamientos radicales de la iglesia más reaccionaria les quitarán votantes moderados, abstencionistas o socialistas que aún se lo estaban pensando.
